Protección ¿de menores?

Vicente Franco Gil Zaragoza

La reciente aprobación de la ley de protección de la infancia y la adolescencia, contiene claroscuros en donde, bajo un buenísimo sofisticado, se solapan unas imposiciones improcedentes. El análisis fragmentado de la ley es positivo, pero su conjunto adoctrina ideológicamente y contraviene el espíritu de la ley.

Apenas aparece la expresión padres, sustituida por la de progenitores. Se habla de protección a la madre embarazada, cuando no existen instituciones públicas de amparo y auxilio a las mismas. En numerosos artículos se impone la ideología de género invadiendo la esfera ética y moral del núcleo familiar, privando así la autoridad parental. Evidencia la potencial agresividad de los padres frente al victimismo presunto de los hijos. No es posible creer en el apoyo a familias con hijos con discapacidad, si la propia ley Celaá de enseñanza, excluye la educación especial. En cuanto a las medidas para prevenir la pobreza infantil, cómo creer a quienes quitan las ayudas por hijo y aumentan la carga impositiva tributaria a los padres que les deben dar de comer y asistir. La incipiente ley tiene larvada la sospecha de que los problemas concernientes a la infancia y la adolescencia, lejos de prosperar en soluciones, se agravarán en sus resultados. Concluyendo, digamos siempre no a la violencia de los menores, pero también declaremos no al acoso familiar por parte de las Administraciones Públicas, pues la familia es la esencia educativa de las personas, y su inviolabilidad debe ser preservada, respetada y promovida incondicionalmente por los poderes fácticos del Estado.