Los contratos a personas con discapacidad han caído un 30% en España
La pandemia ha agrandado la brecha que afecta a este colectivo, lo que les impide acceder a la vivienda Piden ayudas para contratar asistentes personales y evitar así tener que vivir internos en residencias
Viviendas accesibles, asequibles e inclusivas. Esta fue la reivindicación que protagonizó ayer la conmemoración del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Zaragoza, en la que participaron diferentes entidades para exigir cambios y mejoras en el día a día de este colectivo, que con la pandemia ha visto más mermada su capacidad de vivir de manera independiente. La falta de empleo es una lacra que les impide desarrollar su vida en el resto de ámbitos. Un dato que demuestra la influencia negativa del covid en este sector de la sociedad es que en el 2020 la contratación de personas con discapacidad cayó un 30% en toda España.
«El impacto es demoledor, es un sector muy débil en términos de empleo incluso en épocas de bonanza económica», señaló a Europa Press el presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, que alertó de que si las diferentes administraciones no hacen nada para solucionar este problema, «más que diagnóstico de la situación tendremos que hablar de autopsia, de qué murió».
En Zaragoza, las diferentes agrupaciones que se dieron cita en la sede de Cermi leyeron un manifiesto en lectura fácil para pedir más oportunidades para las personas con discapacidad a la hora de acceder a la vivienda. Y el primer problema con el que se suelen encontrar es el precio de la misma. Los altos índices de paro que registra el colectivo les impide poder tener ingresos suficientes como para ser independientes, por lo que muchos viven con sus familias o en residencias, un modelo que piden que se reforme.
«Las empresas no suelen dar trabajo a las personas con discapacidad y, además, tenemos más gastos por nuestra discapacidad. Por eso, solemos conseguir menos dinero para tener nuestra propia vida», lamentaron en la lectura del manifiesto. Así, pidieron que se tengan en cuenta criterios como la discapacidad a la hora de acceder al parque público de vivienda.
Esta realidad empuja a muchas familias de las personas con discapacidad a institucionalizarles, es decir, a meterles en una residencia en la que «se aíslan del mundo» y no se relacionan con el resto de la comunidad.
«Queremos elegir dónde, cómo y con quién vivir», explicaron, y esta posibilidad va desapareciendo cuanto mayor es la necesidad de apoyo. «Eso no es justo. También tenemos derecho a vivir en comunidad, como el resto de las personas. Por eso, el acceso a la vivienda no puede depender del nivel de apoyo», criticaron.
ASISTENCIA PERSONAL Para tratar de fomentar esa libertad de elección del lugar de residencia, desde Cermi reclamaron que el colectivo «reciba ayudas para poder contratar asistentes personales» que apoyen a las personas con discapacidad a vivir en la vivienda que elijan, junto a los suyos y en la zona que decidan.
Otro de los aspectos que este colectivo considera indispensable es la accesibilidad de los hogares,
«Las empresas no nos contratan y encima tenemos más gastos por nuestra discapacidad»
El colectivo pide que se tengan en cuenta los criterios de accesibilidad para construir edificios nuevos
puesto que en la actualidad, «la mayoría de las viviendas nuevas se guían por criterios técnicos que no tienen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad», denunció el presidente de Cermi en Aragón, Luis Gonzaga. Y si este es un problema con los pisos de nueva construcción, la situación se agrava con las casas más antiguas, que son la mayoría en las grandes ciudades.
Además de denunciar las situaciones a las que tienen que enfrentarse las personas con discapacidad, Cermi, que agrupa a más de 300 entidades en Aragón, propuso destinar al menos «un 2% del producto interior bruto (PIB) a construir vivienda pública» que, asimismo, tenga en consideración los criterios de accesibilidad y el asesoramiento de representantes del colectivo para garantizar la inclusión.
También pidieron la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras de accesibilidad en los edificios sean obligatorias siempre que las soliciten personas con discapacidad o mayores de 70 años, «sin tener en cuenta el coste».
Por otra parte, en la conmemoración de este Día Nacional, que se celebra desde el año 2019, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) reclamó también ayer que se actualice «con urgencia» el baremo de valoración del grado de discapacidad, que lleva más de 20 años sin renovarse. «No podemos esperar más», afirmó el presidente de esta organización, Anxo Queiruga, tras el anuncio por parte del Imserso esta semana de que el nuevo baremo se aprobará de forma definitiva en el año 2022. «Se tienen que agilizar todos los trámites para que se ponga en marcha lo antes posible», exigió.