El ayuntamiento revisará el PGOU para legalizar los despachos en pisos altos
Apoyo político unánime a solucionar un «error» en su PGOU que no se da en ninguna ciudad del país La oposición pide acotar esa modificación para que no se dé «barra libre» a instalar cualquier actividad
El Consejo de Gerencia de Urbanismo celebrado ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza abordó la problemática que suscita en la ciudad que la normativa impida la instalación de cualquier despacho profesional por encima de un primer piso que, tal y como adelantó ayer EL PERIÓDICO, se ha puesto de manifiesto con la denuncia de un particular a un bufete de abogados. Se trata de un «error» que se mantenga esa prohibición de instalarse más allá de las plantas bajas, un primer piso o en semisótano de los edificios compartidos con viviendas. Así lo vieron todos los grupos municipales, que trasladaron su apoyo unánime al responsable del área, Víctor Serrano, para buscar una solución conjunta a este «vacío legal» que afecta a miles de profesionales en la capital aragonesa.
De momento, el equipo de Gobierno PP-Cs se pone a trabajar de oficio en una revisión de la normativa. Aunque no está tan claro cuál va a ser esa solución, ni que tenga que ser necesariamente una modificación de calado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La raíz del problema es la inseguridad jurídica en la que este, en su norma 2.6.5, deja a miles de despachos profesionales instalados en las plantas segunda o superiores, eso sí todos en los que ese despacho no sea además la vivienda habitual del titular del mismo, excepción que queda blindada a cualquier denuncia al respecto. Todos los demás, el 90% de todos los bufetes que existen y entre 5.000 y 10.000 negocios vinculados a actividades sanitarias, administrativas o empresariales de toda índole, están al albur de que cualquiera de sus vecinos ponga el foco en el incumplimiento de esta normativa.
Como ocurrió con el expediente que ha sido el detonante de esta modificación de oficio que ahora se impulsa. En este caso concreto, un despacho de abogados en el centro de la ciudad, el Consejo de Gerencia informó de la revocación de esa resolución que el mes pasado ordenaba el cese de su actividad, que calificaba de clandestina y bajo la advertencia de ser sancionado en caso de no hacerlo, y se incoaba de oficio «la revisión de ese expediente para que se dé voz al afectado», informaron fuentes oficiales de Urbanismo, y añadieron que esto «no significa que el resultado vaya a ser positivo» para ese bufete ahora. «Muestra que hay un vacío, un problema» que urge solucionar, manifestaron.
Dos decisiones en paralelo que guardan relación pero que avanzarán por separado. «Se trata de una situación que tenemos que corregir porque somos la única ciudad de España que tiene esta prohibición», apostillaron desde Urbanismo. Lo complicado ahora es saber lo que puede tardar en regularizarse la situación de esos miles de despachos y solventar ese «error en el ordenamiento» que viene heredado de los PGOU de 1986 y el 2001. Esta puede ir desde la eliminación de esta norma a la matización de los supuestos en los que mantener su vigencia y en los que suprimirla. Aunque destacaron que «no hay polémica» política en torno a este asunto y el apoyo de todos los partidos a trabajar en una solución conjunta.
Aunque el equipo de Gobierno y la oposición remarcaron que esta revisión «no puede convertirse en una barra libre para todas las actividades que se quieran instalar en un bloque con viviendas», como subrayó el socialista Horacio Royo, para quien esta modificación «trata de adaptarse a la normativas europeas». Mientras, desde ZeC, Pedro Santisteve pidió «el informe por el que se paralizaba el expediente sancionador» revocado y se abstuvo en la votación «porque no se puede votar con los ojos cerrados». Y en Podemos, Fernando Rivarés, apoyó la modificación pero criticó que «es una pena que ahora que hay miles de locales vacíos no sean ocupados por despachos liberando los actuales para viviendas y evitando tener que construir otras en la periferia». Y añadió que esta «rapidez que parece que habrá» con la revisión del PGOU le gustaría «verlacon la vivienda pública, el ruido o la reordenación de líneas de bus».