La violencia policial no cesa
La represión vuelve a dejar su marca de sangre en las protestas de estos días
Los especialistas coinciden en que Colombia necesita revisar su esquema tributario. Pero otro asunto es quizá más urgente: la reforma de los cuerpos policiales. La represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ha vuelto a dejar su marca de sangre. La Fiscalía General contabilizó siete muertos en las protestas y puso el acento en los 278 detenidos y 83 imputados por incurrir en «hechos vandálicos, delictivos y de terrorismo». Las cifras no parecen ajustarse a la realidad. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo tener reportes «superiores a 20 fallecidos», además de 300 civiles lesionados y 46 uniformados en la misma situación. Pero el acento de Camargo estuvo puesto en la actuación de la temida Esmad. «Nos preocupa el uso excesivo de la fuerza».
La oenegé Temblores reportó 21 decesos, «que podrían ser más», así como 940 casos de abuso policial, 92 heridos, 672 detenidos, 30 casos de disparos por arma de fuego y cuatro víctimas de violencia sexual por parte de la policía, además de «amenazas y hostigamientos» contra ciudadanos y la prensa. «En Colombia no existen garantías para la protesta social; ninguna persona está a salvo de ser agredida por la fuerza pública», dice la oenegé.
El presidente, Iván Duque, se felicitó a sí mismo el sábado al señalar que el Gobierno se abstenía de una solución militar al conflicto, como pidió su mentor, el exdirigente Álvaro Uribe. «El Ejército en las calles es urgente y mejor que estar registrando la noticia del asesinato y la destrucción vandálica», dijo Duque. Sus palabras causaron tal revuelo que tuvo que borrar su tuit de la cuenta de Twitter. Pero horas más tarde, y como si algo de aquel reclamo hubiera quedado en el aire, más de 4.000 policías patrullaron con armas a la vista en la capital. «Son masivas las denuncias de la sociedad civil y organizaciones humanitarias sobre la grave situación de esta noche», advirtió la agencia Colombia Informa.
El diario El Espectador pidió al Gobierno que diferencie entre la protesta y los saqueos. «Las escenas que se han visto en varias ciudades, particularmente en Cali, ya militarizada, y Pereira, no dejan pensar en que la militarización sea la mejor respuesta para apagar este incendio», denunció el rotativo.
La violencia de las fuerzas de seguridad tiene su complemento ilegal en el asesinato sistemático de líderes sociales: en el 2021 ya han caído por balazos paramilitares o del narco 57 dirigentes. Las víctimas son 1.173 en los últimos cinco años.