El Periódico Aragón

El 9-M pone a prueba la gestión del covid entre las autonomías

Sin estado de alarma, las comunidade­s tienen pocas armas para decretar normas España llega a 5 millones de inmunizado­s pero los expertos piden no bajar la guardia

- OLGA PEREDA eparagon@elperiodic­o.com

Después de 14 meses de pandemia, un total de 78.293 muertos y unas restriccio­nes a la movilidad, el turismo, la cultura y la vida social inéditas hasta ahora, la gran pregunta es qué va a pasar en toda España a partir del próximo domingo, cuando concluya un estado de alarma que ha durado seis meses. La Sociedad Española de Epidemiolo­gía teme que, con el levantamie­nto de esa medida y la llegada de la época estival, la población baje la guardia. «Hay que extremar las precaucion­es porque la pandemia no ha terminado», recuerda.

A diferencia de las olas anteriores, la vacuna hace vislumbrar la luz al final del túnel: 11,7 millones de personas tienen ya al menos la primera dosis y la pauta completa superó ayer los 5 millones (primer objetivo en fechas cumplido del plan del Gobierno para que el 70% de la población esté inmunizada a finales de agosto). Pero en las ucis de toda España hay ahora mismo 2.323 pacientes luchando contra el coronaviru­s y solo en Madrid se han notificado en la última semana 89 muertes, según los datos del pasado domingo del Ministerio de Sanidad.

CINCO MILLONES DE VACUNADOS // El objetivo del Gobierno era llegar a lo que se considera riesgo bajo (50 casos por 100.000 habitantes) antes de relajar las medidas por completo. La incidencia media española es de 223 y los peores datos los acapara Euskadi, con 496. El lendakari Íñigo Urkullu –que ya ha visto cómo hay jueces que tumban órdenes decretadas por su Ejecutivo, como el cierre de los bares– ha pedido al Ejecutivo central una prórroga del estado de alarma para continuar con las restriccio­nes. Los planes del gabinete de Pedro Sánchez no pasan por ahí. El Ministerio de Sanidad es partidario de ir aprobando disposicio­nes en función del estado de la pandemia.

Mientras que Euskadi sufre el peor panorama, la Comunidad Valenciana ha conseguido tener la tasa de contagio más bajo de toda España: 42 casos por 100.000 habitantes. Su presidente, Ximo Puig, tiene claro que la causa de la bajada ha sido «la conciencia­ción» de los valenciano­s y su «actitud cívica». Puig ha avanzado que las restriccio­nes no desaparece­rán el 9 de mayo y que la desescalad­a será «tranquila». La intención de la Generalita­t valenciana es que a partir del 9 de mayo el toque de queda nocturno siga vigente, al contrario que la otra gran medida: el cierre perimetral de la comunidad.

A falta del estado de alarma, las autonomías tienen escasas armas legales para decretar normas que afectan a los derechos fundamenta­les. Por ejemplo, la movilidad y la libertad de reunión. Antes de ser aplicadas, necesitan estar perfectame­nte justificad­as desde el punto de vista sanitario y legal para recibir el visto bueno de los tribunales de justicia.

Para decretar cierres perimetral­es y toques de queda, algunas autonomías llevan días pidiendo al Gobierno instrument­os jurídicos, incluida la modificaci­ón de leyes estatales, que es una reclamació­n de dirigentes del PP. Otra opción sería volver al estado de alarma a la carta que ya ofreció Sánchez en otoño y al que ninguna autonomía se acogió.

LOS ANTECEDENT­ES DEL VERANO // Una vez pasadas las elecciones en Madrid, el Gobierno y las autonomías moverán ficha para decidir cómo será la vida de los españoles sin estado de alarma.

Nada invita al optimismo. El escenario más probable es el de caos y la habitual trifulca política. El cansancio de una población que lleva 14 meses sin apenas vida social y una economía en horas bajas que pide a gritos que vuelva el turismo empuja hacia una desescalad­a rápida. Pero los antecedent­es del pasado verano y las vacaciones navideñas demostraro­n los peligros que implica precipitar­se. Pisar el acelerador para relajar medidas también implicaría un daño a la comunidad médica, que está al límite de su resistenci­a después de 14 meses atendiendo enfermos de covid y con los hospitales saturados.

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