140.000 confinados
El Gobierno aragonés cierra tres comarcas y Calatayud y abre Fraga
Las autonomías podrán dictar restricciones si tienen el aval del Supremo
Sin comparecencia de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, y sin mucha más explicación que la mala situación epidemiológica a la que se enfrentan, la DGA comunicó ayer que confina, hasta el próximo 9 de mayo (día en el que finaliza el estado de alarma), el municipio de Calatayud y las comarcas de Campo de Cariñena, Ribera Alta del Ebro y Valdejalón. A estos cierres, que se han hecho efectivos esta pasada madrugada, se suman los que ya estaban en vigor (Tarazona, Jaca y las Cinco Villas), si bien el Ejecutivo autonómico ha vuelto a abrir Fraga.
Estas nuevas medidas suponen que en Aragón van a permanecer confinadas unas 140.000 personas, pero el cierre se aplica solo hasta el próximo domingo. Hasta ahora, todos los decretos y órdenes sanitarias que restringían derechos se amparaban en el estado de alarma pero, a partir del lunes, será la ley autonómica aprobada en diciembre del año pasado la que sustente estas limitaciones.
Según la ley, cuando se decrete un confinamiento las Cortes tendrán que ratificar esta decisión, aunque el Gobierno de España introdujo ayer un nuevo factor en la ecuación al involucrar al Tribunal Supremo en la validación de estas restricciones que afectan a derechos fundamentales, como es la movilidad.
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, explicó ayer que será hoy cuando su Ejecutivo, después del Consejo de Gobierno, fije una posición con respecto a qué hará más allá del 9 de mayo ya que, por el momento, todas las limitaciones impuestas caducan este domingo. No obstante, Lambán se pronunció a favor de poder mantener la aplicación del toque de queda cuando decaiga el estado de alarma.
«A lo mejor sí que sería una medida (el toque de queda) que nos podría venir bien más allá del 9 de mayo», dijo el presidente, en la línea con lo que demandan «otras comunidades autónomas», que están planteando como un «problema» que no se pueda seguir aplicando la limitación horaria. Hasta el momento, la DGA no se había pronunciado tan rotundamente sobre este aspecto.
Sobre el confinamiento perimetral de la comunidad autónoma, Lambán insistió en que no es él ni su Gobierno el que lo va a eliminar, sino que ha sido una decisión de Moncloa, ya que estos cierres van ligados al decreto del estado de alarma. «Nuestra ley no lo permite pero en este momento no tenemos claro que lo vayamos a necesitar», añadió.
Basándose en la ley autonómica, la DGA sí que podría ordenar el confinamiento perimetral de las tres provincias, lo que supondría, de facto, que la comunidad estuviera cerrada. No obstante, y según dejó entrever Lambán, esto no será así, lo que significa que a partir del lunes los ciudadanos aragoneses podrán salir de los limites del territorio seis meses después.
Sobre la norma propia con la que cuenta la comunidad para decretar cierres y restricciones, «única en España», según Lambán, el presidente aseguró que servirá para dotar a su Gobierno de seguridad jurídica a la hora de tomar decisiones. «Aragón está mejor que cualquier otra comunidad autónoma para tomar medidas una vez que el estado de alarma se levante definitivamente, si es que se levanta definitivamente», declaró el jefe del Ejecutivo aragonés.
Sin embargo, sus declaraciones se produjeron antes del anuncio del Consejo de Ministros: a partir del lunes, las comunidades podrán recurrir al Tribunal Supremo en casación si las restricciones que impulsen son tumbadas por sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia, como ya ocurrió en Aragón antes de la aprobación de la ley covid autonómica con el cierre de La Almunia, que la Justicia rechazó.
195 CONTAGIOS En los nuevos territorios confinados ahora en Aragón también van a regir restricciones horarias para los comercios no esenciales y la hostelería, que tendrán que cerrar a las 20.00 horas. En las terrazas podrá haber un aforo del 75% y en interior seguirá siendo del 30%. Además, las agrupaciones de personas, si no son convivientes, no podrán ser de más de cuatro tanto en el ámbito público como en el privado.
Con respecto a la situación epidemiológica, la comunidad destaca ahora por ser de las que peor evolución está siguiendo en los últimos días. Aragón es la segunda con una incidencia acumulada en los últimos siete días más negativa: 157 contagios por cada 100.000 habitantes, solo por detrás del País Vasco (224). La tendencia, eso sí, es descendente por primera vez en varias jornadas.
Asimismo, Salud Pública notificó ayer 195 positivos nuevos, que son 102 menos que hace justo una semana. Sobre los datos, Lambán afirmó que es «razonablemente optimista» con respecto a esta quinta ola aragonesa y espera que «remita» y «no cause los estragos que han causado las anteriores». «Desde luego no descarto que tengamos que seguir tomando medidas», añadió, aunque todo dependerá de la evolución de la curva de contagios y de cómo quede la situación jurídica.
No habrá prórroga del estado de alarma más allá del 9 de mayo. Pero el Gobierno sí ha decidido, tras la presión de las autonomías —especialmente persistente ha sido el lendakari, Iñigo Urkullu—, pertrecharlas con una mayor coraza jurídica. El real decreto ley que este martes, 4 de mayo, aprobó el Consejo de Ministros, y que supondrá la extensión de algunas medidas del escudo social que ha funcionado durante la pandemia, incluye un punto importante y novedoso. Y es este: las comunidades podrán recurrir al Tribunal Supremo (TS) en casación si las restricciones que impulsen a partir del domingo son tumbadas por sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Es decir, que podrán buscar el aval del Supremo para que así este unifique doctrina y no haya criterios dispares según los territorios, como de hecho había ocurrido hasta ahora.
«INNOVACIÓN JURÍDICA» Según explicó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, tras la reunión del Consejo de Ministros, los gobiernos regionales podrán aprobar medidas para contener la expansión del covid19, que incluso podrían limitar derechos fundamentales al amparo de las leyes sanitarias ordinarias de 1986 y del 2011 y que, por tanto, deberán ser refrendadas por los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de cada territorio. Si estos deniegan este tipo de medidas, la Sala Tercera del Supremo podrá pronunciarse en casación, mediante un procedimiento urgente, en un máximo de cinco días, según el decreto ley aprobado y que ahora debe convalidar el Congreso. «Es una innovación jurisdiccional que ofrecerá «seguridad jurídica», dijo.
Según Calvo, las medidas que propongan los Gobiernos regionales incluso podrían implicar confinamientos perimetrales y toques de queda. «Cada gobierno deberá afrontar con sus datos sanitarios sus propias decisiones», dijo la vicepresidenta. A cada ejecutivo autonómico le corresponderá «justificar, argumentar, decidir y proponer a los tribunales cualquier circunstancia que pueda limitar las libertades», añadió. Si el
Las autonomías podrán decretar toques de queda y confinamientos
pronunciamiento del tribunal territorial no permite las medidas planteadas por el gobierno regional, este podrá acudir al alto tribunal, que podrá unificar doctrina, de modo que «el auxilio del Supremo nos sirva a todos».
La vicepresidenta primera enfatizó que, salvo casos puntuales, la justicia ha «acompañado» las decisiones adoptadas por los distintos gobiernos, «cumpliendo con su función de garantía». Pero sí se produjeron decisiones discrepantes de los juzgados. Ello motivó una primera reforma promovida por el Ejecutivo, cuando introdujo que fueran los TSJ de cada comunidad, y no los juzgados ordinarios, los que concedieran o no el aval a las restricciones autonómicas. Ahora lo que incorpora el Consejo de Ministros es un paso en esa dirección, para que el Supremo, que según Calvo ha sido informado del contenido de este decreto ley, tenga la última palabra. La Sala Tercera del TS dispondrá de cinco días para resolver, y la Abogacía del Estado, dijo, también podrá recurrir.
La vicepresidenta primera ha coordinado el trabajo de nueve ministerios para encauzar el control de la pandemia una vez se consume el fin del estado de alarma, a las 00.00 del 9 de mayo. El fruto es un real decreto ley de seis capítulos que entrará en vigor al «minuto siguiente» de la caída de la alerta, este próximo domingo.
IGUALDAD PARA TODOS «Hemos de estar tranquilos, los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas importantes, con la garantía de la protección y de la igualdad para todos que nos ofrece el Supremo», dijo Calvo. Además, otra red de protección, señaló, seguirá siendo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuyos acuerdos son de «obligado cumplimiento».
En definitiva, esta novedad introducida en el decreto supone un «paraguas de seguridad». Calvo presentó la medida como el punto medio de las peticiones distintas que en estas semanas, desde que Pedro Sánchez adelantó que no prolongaría la alarma, han hecho las comunidades. Unas, recordó, pidieron la extensión del marco excepcional, otras que no tomarían decisiones que afecten a derechos fundamentales. Lo «razonable» es, pues, que las autonomías decidan, pidan aval judicial y, en último término, recurran al «auxilio» del Supremo, en lugar de «someter» a toda España a «los mismos rigores» cuando su situación epidemiológica sea diferente.
«Somos un Gobierno que ha dado pruebas de comprender a las comunidades. Ahora ofrecemos más garantías a las decisiones que tomen, pero no podemos entrar en sus competencias», indicó, en respuesta a la exigencia de Urkullu de alargar la alarma. Calvo sacó pecho de las «tres grandes decisiones políticas» que ha tomado el Ejecutivo —los tres decretos de alarma: el del confinamiento total del 14 de marzo del 2020, el que aplicó a Madrid y el vigente, que decae el domingo— y puso en valor la periódica rendición de cuentas de Sánchez ante el Congreso.