Denuncian que la «mala gestión» de la CAI ha seguido en su fundación
UGT y un grupo de trabajadores piden la retirada del ere y que no se cierren centros Exigen a la entidad que se reestructure y venda patrimonio antes que hacer despidos
La «mala gestión» que llevó a la desaparición de Caja Inmaculada, que fue absorbida por Ibercaja en el 2014 ante la imposibilidad de seguir en solitario, ha sido «heredada» por la Fundación CAI, que viene dando continuidad desde hace siete años a la obra social de extinta entidad de ahorros. Así lo denunciaron ayer trabajadores de la institución y UGT, que reclamaron la retirada del ere planteado para el despido de 16 de los 34 personas que forman la plantilla y la continuidad de los tres centros que se quieren cerrar, como son la centenaria biblioteca Mariano de Pano de Zaragoza y las sede de Huesca y Teruel.
«La solución no puede pasar únicamente por el despido de unos trabajadores que han estado aportando su profesionalidad y su implicación personal durante tanmanes, tos años», aseguró Victoria Camarena, asesora sindical de los trabajadores y responsable de UGT en Ibercaja, que ofreció una rueda de prensa junto a Daniel Aguelo, portavoz de la plantilla, y tres empleadas de los centros afectados por los cierres.
La parte social criticó la «gestión catastrófica» de los últimos años y reivindicó la labor social y cultural que en su larga trayectoria ha venido desarrollando la fundación, en manos de Acción Social
Católica, y la obra social predecesora, algo que, a su juicio, se va echar por la borda sin buscar otras soluciones como la venta de parte del valioso patrimonio con que cuenta la o la renegociación de los «convenios en precario» que mantiene con otras entidades.
«Prefieren prescindir de su gente en lugar de hacer una reestructuración en profundidad de los jugosos convenios que han venido firmando en estos años», lamentaron. Como ejemplos de estos desseñalan las «ayudas monetarias a terceros» que se han seguido haciendo. En el 2019 y el 2020 superaron los 500.000 euros y en el 2021 figura una partida de casi 140.000 euros, de los que 84.000 son para Acción Social Católica.
Camarena subrayó que esto ocurre en una entidad que «se basa en la doctrina social de la iglesia» e hizo un llamamiento a las Administraciones para que «tomen cartas en el asunto». «Quieren seguir manteniendo el patrimonio y no vender nada, en lugar de mantener a los trabajadores y la actividad social y cultural», afirmó.
En cuanto a la negociación del ere, Aguelo consideró que la fundación está ofreciendo unas condiciones «inaceptables». Por el momento, las indemnizaciones por despido ofrecidas son de 23 días por año trabajado con un límite de 23 mensualidades, lo que supone poco más del mínimo legal (20 días con 12 meses). En este sentido, lamentó que no se contemple la voluntariedad en las salidas ni la posibilidad de llevar a cabo prejubilaciones para los mayores de 55 años, algo que permitiría paliar el daño del recorte de personal.
Para salvar del cierre a la biblioteca o los centros de Huesca y Teruel, la parte social abogó por que se ceda su gestión a otras entidades, como la Fundación Ibercaja, lo que permitiría reubicar a los trabajadores afectados.
El objetivo final es promocionar su papel en la construcción sostenible (fibras celulósicas-lignina, madera micro laminada…) y la bioeconomía circular (bolsas biodegradables y reciclables de fibra o papel como sustitución de bolsas de plástico). Además, se pretende promover el análisis, la colaboración, la consulta y el desarrollo de iniciativas relacionadas con la gestión forestal sostenible, la movilización, valorización, comercialización y promoción de la madera en Aragón.
Este grupo de trabajo se reunió por primera vez el 29 de noviembre del 2011, bajo la tutela del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Desde el 2011 al 2015 se celebraron un total de seis reuniones. En este nuevo periodo, se espera mejorar e intercambiar conocimientos, así como coordinar y contrastar intereses, de forma que permita una adecuada interlocución y representación de los distintos ámbitos del sector empresarial, la propiedad forestal y la industria de la madera en Aragón, con la participación de las instituciones y administraciones públicas.