El Supremo ve «problemático» el plazo para resolver sobre la alarma
Cree imposible revisar en cinco días los recursos de los Tribunales Superiores El Contencioso balear autoriza seguir con las restricciones; el País Vasco, espera Páginas 34 a 36
Tras 14 meses de pandemia, muchos españoles miran al próximo domingo y ya piensan en hacer las maletas. Por más que los epidemiólogos recuerden que a partir del 9 de mayo desaparece el estado de alarma pero no el virus, las ganas de viajar, hacer vida social o visitar a la familia pesan mucho. Las autonomías tienen hasta el sábado para ver qué medidas restrictivas aprueban para tratar de contener los contagios. Esas decisiones deberán ser avaladas por los tribunales autonómicos de justicia. Si no hay consenso, los ejecutivos pueden acudir al Tribunal Supremo para emitir un recurso de casación exprés, una fórmula ofrecida por el Gobierno que no ha desatado precisamente pasiones en los gobiernos regionales.
Tampoco lo ve claro el Supremo, que, para saber cómo debe actuar, ha analizado el decreto ley que le concede la última palabra en relación con la restricción de movimientos que podrán imponer las comunidades autónomas. El objetivo es evitar la disparidad de criterios que se vivió, por ejemplo, a la hora de validar o no los confinamientos o cierres de actividades, pero para el alto tribunal supone un «sobreesfuerzo» con un personal «ya saturado de trabajo con la dedicación que se pide al recurso de casación común y general».
El dictamen, de uso interno, es muy crítico con una reforma que hasta considera «muy problemático» poder cumplir «en tan breve plazo» (en referencia a los cinco días previsto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para resolver el nuevo recurso de casación) por motivos técnicos, pero sobre todo, «habida cuenta que al Tribunal Supremo accederán, probablemente en fechas coincidentes, recursos procedentes de cualesquiera tribunales de orden jurisdiccional contencioso-administrativo».
A lo largo de 13 páginas, los letrados destacan el «impacto muy significativo» que tendrá la reforma y se limitan a apuntar la «posible insuficiencia o inadecuación del rango de la norma empleada para regular una cuestión como esta, que incide en derechos fundamentales». También se permiten señalar el «problema de la constitucionalidad de la posición institucional en que se viene a situar a los tribunales de justicia, como una suerte de copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas», con «competencias administrativas compartidas».
Mientras tanto, las autonomías han empezado a presentar sus planes a los respectivos tribunales superiores de justicia (TSJ).
ISLAS BALEARES. La Sala de
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Baleares fue ayer la primera en pronunciarse al autorizar las medidas sanitarias presentadas por el Govern balear. Las medidas aprobadas regirán entre los días 9 y 23 de mayo. Contemplan limitar los desplazamientos y la circulación por vías públicas (toque de queda) entre las 23.00 y las 06.00 horas y los controles para la entrada a la comunidad.
CATALUÑA. La Generalitat es2tá
a la espera de que el TSJ de Cataluña se pronuncie sobre el tope máximo de seis personas en reuniones sociales y las restricciones de aforo en lugares de culto. Ya está prevista la apertura de los restaurantes en horario ininterrumpido hasta las 23.00 horas (podrán servir cenas) y la autorización para que los comercios puedan abrir hasta las 22.00 horas (Hasta ahora, a las 21.00). El toque de queda no se mantendrá en la comunidad.
PAÍS VASCO. La comunidad
la tasa de contagia más elevada de toda España, Euskadi, celebra hoy una reunión para ver qué tipo de medidas anticovid se pueden aplicar una vez decaiga el estado de alarma. El toque de queda, los cierres perimetrales y la prohibición de reunirse a partir de un número de personas estarán incluidas siempre y cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco las haya refrendado. Han anunciado que no recurrirán al Supremo.
ANDALUCÍA. El presidente de
Junta, Juanma Moreno, explicó ayer que la voluntad de su Ejecutivo es mantener el cierre perimetral solo en los municipios que superen los 500 casos por 100.000 habitantes. Antes de aplicarse, solicitará el necesario aval judicial. La desescalada andaluza será «progresiva» y «prudente». Una de las primeras medidas será la apertura del ocio nocturno, aunque no en los horarios de antes de la pandemia. de compra de vacunas, la intención de la Comisión es negociar contratos en nombre de la UE para la adquisición de los fármacos de forma que los Veintisiete logren un acceso rápido mediante plazos administrativos cortos.
En I+D+i, la estrategia contempla invertir 90 millones de euros en estudios de población y ensayos clínicos para establecer vínculos entre los factores de riesgo y los resultados con el objetivo de conseguir información útil para pacientes con covid persistente. La estrategia también contempla acelerar la aprobación de ensayos clínicos. Para ello, Bruselas destinará 7 millones a generar mejores datos sobre la seguridad y 5 millones para el análisis de posibles fármacos, capacidades de producción y cadenas de suministro.