Migraciones ultima un permiso de trabajo para extutelados
La norma permitirá a los jóvenes migrantes trabajar al cumplir los 18
El Ministerio de Inclusión Social y Migraciones está a punto de aprobar un decreto que cambiará la vida de esos miles de niños y adolescentes que se jugaron la vida en alta mar y abandonaron a sus familias en África para después encontrarse una enorme discriminación en España, la cual les empuja a vivir en un espiral de miseria. Por fin, los menores migrantes que salgan de los centros de menores a los 18 años podrán trabajar legalmente. La medida llega tarde para otros miles de jóvenes que no gozaron de ese derecho y que ahora deberán acceder a un abogado para salir del pozo.
Hace años que lo denuncian por activa y por pasiva los colegios profesionales de educadores y trabajadores sociales, las entidades que les atienden, los abogados especializados e incluso las comunidades autónomas que les acogen. Era del todo incoherente que los niños migrantes que llegan solos a las costas de Andalucía, las Islas Canarias o que cruzan la frontera en Ceuta y Melilla fueran acogidos en centros de protección de toda España, pero que al cumplir la mayoría de edad no tuvieran ningún derecho laboral para independizarse y cotizar en la tierra que les acogió.
La situación se hizo especialmente complicada entre 2017 y 2018, cuando se superaron los récords de acogida de niños solos y migrantes. Más del 80% de ellos tenían entre 15 y 18 años. Algunos tuvieron la suerte de entrar en los escasos pisos de emancipación, otros siguen en los centros de menores apurando prórrogas, pero varios centenares han visto cómo las administraciones les cerraban las puertas y han terminado malviviendo en la calle u ocupando pisos para mantenerse a flote.
Teóricamente, todos los chicos que han salido de los centros de menores deberían tener un permiso de residencia legal en España que les permite formarse y acceder a prestaciones sociales. Pero muchos niños no lo consiguen por el atasco burocrático y a otros les sirve de muy poco. «El permiso de residencia que les concedían era no lucrativo. Para trabajar necesitaban una oferta de empleo de un año a jornada completa, algo imposible. Y, al cabo de dos años, tenían que renovar de nuevo este permiso», explica Sara Agulló, abogada de la Federación de Entidades de Pisos Asistidos, que agrupa a más de 60 entidades de toda España que acogen a menores tutelados una vez cumplen la mayoría de edad.
Hace menos de un año una sentencia del Tribunal Supremo agravó la situación. Solo podían renovar los papeles los jóvenes que demostrasen tener más de 2.000 euros al mes. «Es decir, nadie», se queja Agulló. «Si no tienen papeles, los jóvenes están absolutamente limitados. Es un sinsentido que nadie logra entender», agrega la letrada. «Nos quejamos de que haya jóvenes en la calle delinquiendo, pero es que les hemos obligado a vivir así. Hay muchos que, si quieren comer, no tienen más alternativas», expone.