El PP propone que no se indulte a condenados por rebelión y sedición
El partido presenta una iniciativa para cambiar la ley del indulto
El PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a reformar la ley del indulto, de modo que no puedan concederse a personas condenadas por rebelión y sedición, como en el caso del procés. También proponen modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para que sean los propios jueces quienes elijan a los vocales judiciales del CGPJ; y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para garantizar la imparcialidad del fiscal general del Estado.
La propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, pretende que el Gobierno cambie la Ley del indulto «para que no puedan ser indultadas aquellas personas que hayan sido condenadas por los delitos de rebelión y sedición». Busca asimismo que establezca reglas precisas con la intención de «reducir la discrecionalidad del Gobierno» y, en concreto, propone que los informes que deben emitir la Fiscalía y el tribunal sentenciador sean vinculantes en casos de «delitos de especial gravedad», de tal forma que el Ejecutivo no pueda indultar cuando alguno de los dos se oponga.
El PP entiende que esta reforma legal es necesaria porque la actual norma, de 1870, «recoge un catálogo de situaciones procesales excluidas de la aplicación del indulto» pero no incluye «un catálogo de delitos a los que no sea aplicable» la medida de gracia, por lo que no tiene en cuenta ni el tipo penal ni el bien jurídico lesionado. Los popuargumentan que «las preocupantes noticias que cíclicamente aparecen sobre la eventual concesión del indulto por el Gobierno a quienes han sido condenados por la comisión del delito de sedición, entre otros, en la causa conocida como procés, causan el rechazo de gran parte de la sociedad».
A su juicio, el indulto debe ser un «recurso excepcional» que «solo es democráticamente asumible cuando en su concesión concurran las razones de justicia, equidad o utilidad, algo que en absoluto se da en este caso». «Utilizar esta figura jurídica como moneda de cambio con fines políticos partilares
distas subvertiría la propia naturaleza de la gracia del indulto, supondría un ataque a los pilares básicos de la democracia, como son la separación de poderes y la igualdad ante la ley, y rompería las reglas de convivencia de la sociedad española», advierte el PP.
Los de Pablo Casado piden igualmente al Gobierno que emprenda «una profunda reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al objeto de garantizar, entre otras cuestiones, la imparcialidad del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE)». En este punto, el PP ha vuelto a criticar que la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, haya pasado al cargo inmediatamente después de ser ministra de Justicia del actual Gobierno, instando a la Moncloa a pedir a la Abogacía del Estado que exija su abstención en los casos que la afectan por razón de su anterior puesto.
En términos generales, plantea establecer un «sistema objetivo» para elegir al fiscal general, abogando por impedir que acceda al cargo «todo aquel que haya desempeñado un cargo político o de confianza política en los diez años anteriores a su nombramiento».