Sánchez insiste en no tocar leyes: «El estado de alarma es el pasado»
El Gobierno se reafirma en que las comunidades tienen herramientas a la espera del Tribunal Supremo Los socios le acusan de no querer legislar y provocar un «caos jurídico» y el PP pide debatir su plan b
El Gobierno se mantiene en sus trece después del traspié (rectificación incluida) que protagonizó este lunes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. No habrá un nuevo estado de alarma ni ninguna modificación legal. El Ejecutivo defiende con uñas y dientes que ya ha empezado una «nueva etapa» en la lucha contra el virus, que ahora son las comunidades las que han de «gobernar» y «tomar decisiones» después de que Pedro Sánchez asumiera el desgaste político durante un año. Y no piensa dar marcha atrás. El presidente fue expresivo y explícito ayer: «El estado de alarma es el pasado y hay que mirar al futuro, y se llama vacunación, vacunación y vacunación».
El líder socialista ya había cerrado la puerta a reformas legales el lunes, tras participar en un foro económico en Atenas con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Horas después, fue aún más rotundo desde la Moncloa, en un breve encuentro con la prensa tras recibir al presidente argentino, Alberto Fernández.
El Gobierno se había mostrado muy firme en las últimas semanas respecto a que no impulsaría cambios legislativos, como le reclaman el PP y parte de sus socios parlamentarios, pero Campo, en una tribuna en El País, se mostró abierto a estudiar modificaciones si de las resoluciones del Tribunal Supremo, al que las comunidades autónomas pueden acudir si ven tumbadas sus restricciones frente al covid por sus respectivos tribunales superiores de justicia, como ya de hecho ha ocurrido en Euskadi y Canarias y, ayer, en Navarra.
Pero el ministro se enmendó a sí mismo enseguida y Sánchez buscó zanjar el debate desde la capital helena. En el Gobierno atribuían lo ocurrido a un resbalón de Campo, a que los juristas, como es él, «se la cogen con papel de fumar», abriendo una puerta que el Ejecutivo nunca quiso abrir. Ni se plantea hacerlo.
Sánchez, ante el mandatario argentino, no hizo más que afianzar la posición. Pidió primero «coherencia» a la oposición, pordamentales que «no puede ser que se eche de menos el estado de alarma» y cuando se propuso uno de seis meses, el que decayó en la madrugada del pasado domingo, «votaron en contra». Una incorrección, por cierto, porque los populares, en aquel momento, se abstuvieron. El presidente adujo asimismo razones de «seguridad jurídica», pues una «ley ordinaria no puede sustituir a la Constitución, es de primero de Derecho».
Apenas unos minutos después, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, reforzaba ese mensaje: el planteamiento del PP, que exige que se tramite una ley de pandemias, es «peligroso», porque quiere un recorte de derechos fun«sin control judicial», «uno de los mayores ataques a las libertades de los ciudadanos registrados en el Congreso».
El líder socialista incidió, como luego hizo Montero, en que se abre ahora una «nueva etapa», gracias al avance de la vacunación, pues ya solo quedan «99 días» para que se cubra el objetivo de un 70% de la población inmunizada a mediados de agosto. «Quiero ser claro, el estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro, y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación», remató Sánchez, reiterando que las comunidades disponen de «amplios instrumentos» –las leyes de salud pública de 1986 y el 2011– para hacer frente al covid «con garantías y eficacia».
Las autonomías también tienen el respaldo, siguió, de los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud, de obligado cumplimiento, y pueden solicitar al Gobierno que decrete la alarma en sus territorios, en cuyo caso, explicó Montero, el Ejecutivo no pondrá objeciones si lo justifican los indicadores epidemiológicos. Expresó su «confianza» en el Poder Judicial y en el Supremo, que cree que se pronunciará de modo «favorable», validando las restricciones aprobadas por las comunidades, a las que como mucho pedirá alguna «aclaración».
El Ejecutivo vio llover las críticas de sus socios, además del PP. El PNV lo acusó de cometer el «error» de no legislar y de instalar un «caos jurídico». «No le puede pasar la patata caliente a los otros», cargó Íñigo Errejón, de Más País. «No puede estar todo el mundo equivocado salvo Sánchez», espetó Cuca Gamarra (PP), que volvió a pedir que se debata el plan b de su partido. «Su política está fiada al disparate, al cainismo, a la antipatria y a la deslealtad», remató la vicepresidenta Carmen Calvo. La tensión va en aumento,
Pedro Sánchez PRESIDENTE DEL GOBIERNO
«Una ley ordinaria no puede sustituir a la Constitución, es de primero de Derecho»
Cuca Gamarra PORTAVOZ DEL PP EN EL CONGRESO
«No puede estar todo el mundo equivocado salvo el señor Sánchez»