El Gobierno pagará parte de los créditos ICO a firmas en apuros
La iniciativa es para empresas que tengan caídas de ingresos de entre el 30% y el 70%
El Consejo de Ministros ha aprobado el código de buenas prácticas al que podrán adherirse los bancos para reestructurar los créditos a empresas y autónomos avalados por las sociedades públicas ICO, CESCE y CERSA, uno de los tres componentes del plan de 11.000 millones de apoyo a la solvencia de las empresas aprobado a mediados de marzo. La medida incluye los 3.000 millones que el Gobierno transferirá a las compañías para que amorticen parte del crédito si lo acuerdan con su entidad financiera y a cambio de que esta acepte una quita proporcional en la parte no avalada del préstamo (entre el 20% y el 30% del mismo, según los casos).
La reducción podrá ser del 50% del principal avalado pendiente de pago si la caída de la facturación de la empresa fue de entre el 30% y el 70% en el 2020 y de hasta el 75% si el descenso de ingresos fue superior al 70%. Además, la cuenta de resultados tendrá que haber presentado un resultado negativo después de impuestos el año pasado. Será necesario que el cliente y el banco acuerden la renegociación de toda la deuda, no solo la avalada, que la empresa mantenga con la entidad y que se haya generado entre el 17 de marzo del año pasado y el 12 de marzo. Las transferencias del Ejecutivo se podrán pedir hasta que se agoten los 3.000 millones o hasta el 1 de diciembre del 2022.
Además, el Gobierno va a permitir ampliar más allá de los dos años previstos inicialmente el periodo de carencia en el pago del principal del crédito si lo acuerdan cliente y entidad. También se podrá ampliar en dos años, de ocho a diez, el plazo de vencimiento del préstamo. Esto último será obligatorio para los bancos si la empresa no está en mora ni concurso de acreedores y ha registrado una caída de facturación de al menos el 30% en el 2020, mientras que si no se cumple este último requisito podrá ser pactado por las dos partes.
Adicionalmente, el banco y la compañía o autónomo podrán acordar convertir el crédito avalado en un préstamo participativo manteniendo el aval público, lo que reforzará la solvencia de la empresa ya que estos últimos tienen un tratamiento equivalente al capital. El cliente deberá también haber registrado una caída de la facturación del 30%, pérdidas después de impuestos y no estar ni en mora ni en concurso.
La adhesión al código es voluntaria, pero las entidades tienen un mes para informar al Ministerio de Economía de lo que harán para que publique dos listados en función de sus decisiones. Las entidades que lo ratifiquen se comprometerán a tratar de coordinarse entre sí cuando una empresa mantenga deudas con más de una de ellas. Para evitar bloqueos y «comportamientos oportunistas», se establecen unas «mayorías de arrastre» que obligarán a todas a cumplir lo pactado por la mayoría cuando no haya consenso. Los bancos, asimismo, deberán mantener abiertas las líneas de circulante de la empresa hasta el 31 de diciembre del 2022.
PÉRDIDAS PARA LOS BANCOS $ El Gobierno y las principales entidades y patronales financieras negociaban desde agosto cómo reestructurar los créditos con aval público. El Ejecutivo barajó la idea de impulsar un mecanismo ágil de quitas, lo que hubiera supuesto una amplia condonación de deudas en dichos préstamos con las consiguientes pérdidas multimillonarias para los bancos. La medida complicó las conversaciones con el sector y el Ministerio de Economía acabó por renunciar a la misma para decantarse por la aproximación aprobada ayer.