El Supremo tumba el proyecto Madrid Central
La anulación del plan de Carmena deja en el aire 1,4 milllones de multas
El Tribunal Supremo (TS) ratificó ayer la anulación de Madrid Central, llenando de dudas el futuro jurídico de las casi 1,4 millones de sanciones interpuestas desde su puesta en marcha, pues el ayuntamiento entiende que por ahora la zona de bajas emisiones sigue en vigor y que no tendrá que devolver el importe de las multas.
El Supremo da así la puntilla al otrora proyecto estrella de la exalcaldesa Manuela Carmena, que acaba tumbado por la vía judicial tras un procedimiento de dos años y medio abierto a partir de sendos recursos de la Comunidad de Madrid y el grupo del PP en el consistorio, encabezado entonces por el ahora alcalde, José Luis Martínez-Almeida.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto en el que acuerda la inadmisión a trámite del recurso de Ecologistas en Acción Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que estimó parcialmente el recurso del PP.
El TSJM anuló parte de la ordenanza de Madrid Central por «defectos formales» dado que «no se cumplió con el trámite esencial de información pública y con la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza».
Según fuentes del Supremo, al haberse desestimado el recurso, la sentencia dictada por el TSJM adquiere firmeza, por lo que todas las multas impuestas decaerán al carecer de sustento normativo.
Pero el Ayuntamiento de Madrid
interpreta que las multas ya cobradas o en su defecto comunicadas al sancionado –un total de 1.393.000– son «actos firmes», y que por tanto no deben reintegrarse. Y sostiene, por otro lado, que, una vez reciba el auto del Supremo, el TSJM puede darle un plazo de hasta dos meses para ejecutar la sentencia, por lo que cuenta con ese margen para elaborar una respuesta. Por ello, mientras no se haga efectiva la anulación de Madrid Central, sus cámaras seguirán encendidas y se seguirán tramitando las sanciones.
Pese a la previsible avalancha de reclamaciones, desde el ayuntamiento confían en no tener que reintegrar el importe de ninguna sanción, apelando a la «muchísima jurisprudencia» existente al respecto.
El plan A del Gobierno de Almeida pasa por acelerar la tramitación de su nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible y una norma en la que en principio, y al contrario de lo que prometió el regidor en la campaña electoral del 2019, Madrid Central se mantendrá vigente, aunque con modificaciones.