Sigo sin entender

Comenzaba la semana perpleja ante las aglomeraciones imprudentes, irresponsables e insolidarias que se produjeron la medianoche del domingo. El fin del estado de alarma, ya lo saben, fue celebrado por grupúsculos de egoístas como si de una Nochevieja se tratara. No encontraba explicación alguna a semejante comportamiento, pero es que han pasado los días y mi incredulidad va en aumento.

El Gobierno de Pedro Sánchez defiende que el estado de alarma es pasado. El PP repite sin parar que sin el estado de alarma solo hay caos, aunque no apoyara la última prórroga en el Congreso. Las comunidades autónomas se quejan de la inseguridad jurídica en la que se quedan para adoptar medidas a pesar de la posibilidad de solicitar la aplicación del estado de alarma en su territorio. A todos se les da divinamente echarse los trastos a la cabeza y recriminar al otro lo ineficaz que es, pero qué mal llevan lo de pactar. Ni siquiera para salvar vidas.

No había suficiente ruido que aparece un nuevo elemento en la fórmula de la fatiga pandémica. Los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas deben avalar las decisiones sanitarias. Tienen que pronunciarse sobre la idoneidad y la oportunidad de las restricciones para controlar la pandemia. Y como las instituciones las componen personas, cada uno tiene su propio criterio.

Lo que es válido en Baleares no lo es en Canarias. Las medidas que pueden frenar los contagios en la Comunidad Valenciana no lo harían en Navarra. Pero el caso más rocambolesco lo hemos visto en Andalucía. El máximo organismo judicial andaluz ha tumbado la orden de la Consejería de Salud de cerrar perimetralmente el municipio granadino de Montefrío. En cambio, sí considera adecuado confinar a los vecinos de Castro del Río, Bornos y Villamartín. Lo que en un caso ve desproporcionado en otro le resulta imprescindible. Restringir derechos fundamentales le parece menos agresivo en unas localidades que en otras. Y eso a pesar de que las cifras de Montefrío son extremadamente preocupantes, con una incidencia acumulada de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes.

Entre los motivos del tribunal para rechazar las medidas extraordinarias que plantea la Junta se encuentra que el 12% de la población de Montefrío está vacunada. Supondría una injusticia limitar la movilidad a ese porcentaje de inmunizados, señala. Qué bueno es saber de todo. Ya lo dijo el juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Luis Ángel Garrido hace unos meses. «Los epidemiólogos son médicos de cabecera que han hecho un cursillo». Será el mismo que se les ha impartido a los jueces que ahora deciden qué medidas sanitarias resultan eficaces contra la pandemia. De otra manera resultarían incomprensibles sus valoraciones epidemiológicas. Otra vez.

A todos se les da divinamente echarse los trastos a la cabeza, pero qué mal llevan lo de pactar