Un carajal
Sánchez entre vacuna y vacuna insiste en que las comunidades autónomas tienen los mecanismos jurídicos para controlar la pandemia. Y entre vacuna y vacuna no explica cuáles son. Tiene a todas las autonomías clamando por un breve estado de alarma hasta que la vacunación avance aún más. Pero Sánchez recalca que no hay lío ni embrollo jurídico y que las comunidades tienen lo necesario para apañarse. No debe ser suficiente tener a todos los socios de legislatura, desde el PNV a ERC, y a su vez a la oposición de la derecha, en contra de su inacción y reclamando un paraguas jurídico que ampare las decisiones de los gobiernos. Y así estos no dependan del desigual dictamen de sus tribunales superiores de Justicia.
El desorden del Gobierno crea una evidente inseguridad en la ciudadanía. Y la falta de un marco jurídico claro y preciso para las autonomías puede hacer que el país caiga en el error de provocar una desescalada abrupta que termine por lamentar con el tiempo. La incidencia acumulada de contagios en cifras aún elevadas, las ucis en situación comprometida y la vacunación a un ritmo todavía lento, hace que cualquiera hubiera entendido alargar la alarma. No es respetable volver a tirarnos a la piscina sin agua después de todo lo sufrido.
El Gobierno ha adoptado una decisión imprudente que hasta sus mismos compañeros de partido, en su responsabilidad de presidentes autonómicos, exigen que la cambie. Nadie es capaz de explicar porque tras seis meses de estado alarma para garantizar el marco jurídico que propicie restricciones, se suprime sin dar alternativa y las autonomías ahora sí tienen un margen jurídico que se insistió que no tenían. Es un sinsentido que provoca un descontrol social cuya única responsabilidad es del Gobierno de España. El presidente Sánchez puede repetir su mantra de «vacunar, vacunar y vacunar» pero sus maniobras de eludir la responsabilidad las percibe el ciudadano. Sea como sea, más tarde o más temprano, la gestión de la pandemia le señalará.
*Periodista @SierraAlvaro