El caos jurídico

Como era fácilmente previsible, del estado de alarma se ha pasado a un caos jurídico alarmante después de que el Gobierno se empecinara durante todo este tiempo en no proponer un plan de emergencia alternativo al igual que sucede en otros países. La irresponsabilidad manifiesta del Ejecutivo, sumada a la de muchos ciudadanos decididos a vivir la vida loca tras un largo año de confinamientos, toques de queda y limitaciones, no presagia nada bueno. No hemos aprendido aún a descorchar una botella.

El caos, en realidad, es una consecuencia del desistimiento en la gestión de la pandemia del propio Sánchez, que, primero, invocó el sacrificio con vacua retórica churchilliana y recurrió a la restricción de los derechos fundamentales de las personas, y que, ahora, pretende seguir haciendo esto último de manera puntual aunque lavándose las manos y traspasando el problema a las autonomías y a los jueces. Ello, evidentemente, trae consigo la confusión que provoca la disparidad de criterios en un asunto que solo debería gozar de una única comprensión: la aplicación de un criterio que debe tener en cuenta, además, que los derechos fundamentales constituyen una esfera de libertad de los ciudadanos frente a la injerencia y a las limitaciones de los poderes públicos.

El hecho de que al Tribunal Supremo se le haya adjudicado la responsabilidad de la última palabra en materia de contención del virus una vez concluido el estado de alarma es una disfunción y sitúa a los tribunales como copartícipes ejecutivos de decisiones administrativas que, en una democracia y conforme a la división de poderes, no deberían corresponder a los magistrados. Es otra peculiaridad de este Gobierno decidido firmemente a escribir su historia con renglones torcidos, y de la propia España, como lo es haberse convertido en estos momentos en la única gran economía de Europa incapaz de detallar un plan fiscal para contener la deuda pública.