El expolio en la antigua joyería Aladrén, al fiscal
El actual inquilino ha retirado el farol del siglo XIX y los históricos carteles No tenía licencia para realizar obras y este mes finalizaba su contrato de alquiler
El Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado ante la Fiscalía un delito contra el patrimonio cultural de la antigua joyería Aladrén, en la calle Alfonso, que se reconvirtió en el famoso Gran Café Zaragoza, cerrado desde hace más un año. El actual arrendatario del establecimiento, propiedad de la familia Baselga, ha realizado una serie de obras para las que no tiene autorización y, lo que es peor, sin respetar las joyas de inmenso valor de este histórico lugar, que abrió sus puertas por primera vez en 1885 y que está catalogado como Bienes Catalogados del Patrimonio Cultural Aragonés por la DGA y de interés arquitectónico por el consistorio.
Desde Urbanismo aseguran que el inquilino «ha realizado un expolio de distintos elementos protegidos de la fachada, como los carteles de la joyería y el farol de iluminación» que se encontraba encima de la puerta de acceso y tenía un gran valor, ya que data del siglo XIX. El responsable se enfrenta a una sanción entre 6.000 y 60.000 euros. Lo que ha sucedido en el interior se desconoce.
Los trabajos, o destrozos, empezaron al martes, cuando un vecino escuchó ruidos muy extraños en el interior del local y avisó a Santiago Baselga por teléfono. Rápidamente se trasladó hasta la calle Alfonso I, porque se temía lo peor tras haber sido «amenazado» por el inquilino. Al llegar comprobó que se estaba utilizando una radial y propinando sendos martillazos por lo que decidió alertar a la Policía Nacional y a la Local. También denunció en la Gerencia de Urbanismo lo que estaba sucediendo que, tras un inspección del exterior, constató que se estaba produciendo el expolio anunciado y denunciado, por lo que ayer dio la orden de paralizar la obra de la antigua joyería, clausurar el establecimiento y elevar ante la Fiscalía los hechos.
Baselga aclaró que estos trabajos no tienen nada que ver con el encargo de la propiedad a Cronotopos para recuperar el estilo original de 1885 tanto del exterior como del interior, que está asegurado «en más de 5 millones de euros».
El contrato con el actual arrendado finalizaba este mes tras un año en el que le ha generado «muchos problemas» a la familia. Según explicó, hace 15 años que alquilaron el local, que cambió de manos a los cinco. El arrendador de entonces, siempre según el propietario, no quiso renovar el contrato y le traspasó el local a su hermano, el actual, poco antes de que se declarase el estado de alarma.
El actual responsable del bar se declaró insolvente «de inmediato» y denunció a la familia Baselga por no haber suspendido el alquiler durante el confinamiento aunque según los propietarios, le ofrecieron una reducción de «58%. La familia, deseosa de reformar la antigua joyería, le propuso finalizar el contrato ates de tiempo, condonándole la deuda de 14 meses y devolviéndole una fianza de 13.200 euros, que rechazó. gastos. Y en 2020, con el covid de por medio, hubo muchísimos más gastos que ingresos.
Por ello, la UTE reclama estos 110.000 euros en concepto de prestación de servicios. La cantidad sale de restar a los 330.000 que les ha costado el mantenimiento del cámping (que ha estado siempre abierto) los 220.000 euros de ingresos que tuvieron durante esos meses. Según estas mismas fuentes, el ayuntamiento se ha negado a pagar la factura.
Desde que caducó el contrato de la concesión del cámping hace más de un año, las empresas adjudicatarias han estado presionando al consistorio para que convocara un nueva licitación. Ahora, el ayuntamiento dice que el proceso de contratación está en marcha y acabará en breves, pero desde la UTE no se lo creen porque eso mismo les dijeron «hace ya un mes y medio».