¿A quién le importa?
La ley obliga a informar trimestralmente del complemento aragonés al IMV, y llevamos un año sin datos
El pasado 5 de mayo los medios de comunicación aragoneses se hacían eco de que el Gobierno de Aragón incrementará un 15% la cuantía de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para «amortiguar», en la medida de lo posible, los efectos de la inflación. Solo durante tres meses, mayo, junio y julio, lo mismo que el Gobierno de la Nación, para los que son tan pobres que tienen derecho al IMV.
El Gobierno de Aragón prefiere ahorrar en pobres. Solo subirá el 15% a «nuestros» pobres. La Prestación aragonesa complementaria del IMV, que yo llamo la PArCo por su raquitismo, en realidad son dos, la PArCo-1 que complementa mínimamente la cuantía que paga Madrid a los que cumplen los requisitos exigidos por el IMV y, por lo tanto, acceden a él, y la PArCo-2, la propiamente aragonesa para un reducido número de colectivos que no cumplen esas condiciones y, por lo tanto, no tienen derecho al IMV. Son «nuestros» pobres y solo para ellos es esta subida temporal del 15%. De estos hablaba la consejera en su comparecencia del 4 de mayo.
¿A cuántas unidades familiares aragonesas afecta esa subida? EL PERIÓDICO DE ARAGÓN del mismo día lo recoge explícitamente, «en Aragón, según el último balance de usuarios del Ejecutivo Autonómico, 53 personas perciben la Prestación Aragonesa Complementaria», la PArCo-2, y se beneficiarán, por tanto, del incremento aragonés del 15%. Mucho anuncio y poco esfuerzo autonómico.
Según información del Gobierno de Aragón de 5 de marzo, solo 8.978 aragoneses pobres habían accedido al IMV de Madrid, pero únicamente 2.901 recibían el complemento aragonés, la PArCo-1, ¡solo una tercera parte! Cualquiera podría pensar que el complemento aragonés era automático.
Si Madrid los reconoce como «pobres», dignos de cobrar el IMV, ¿qué más exige Aragón para tramitar su complemento? También aquí tenemos lista de espera. ¿Alguien tiene la información sobre esa lista de espera? ¿Saben los interesados cuánto tiempo tendrán que esperar para recibir el complemento aragonés? ¿Saben los colectivos que protege el Gobierno de Aragón como «nuestros pobres» cuándo recibirán su prestación o cuándo y por qué será denegada?
Si yo fuera un inversor en Bolsa todos los días, cada minuto, conocería cómo van mis inversiones y las del vecino, si mis títulos suben o bajan, si es la hora de vender e invertir en otros productos. La Bolsa es un cierto indicador de la marcha de la Economía, sobre todo interesa a la gente que tiene capacidad de invertir y lo hace en valores cotizados. La información es permanente, continua. La información es poder.
Si yo fuera un analista económico o, incluso, un ciudadano curioso de la marcha de la Economía, dispondría de información abundante, casi diaria, con análisis y debates en prensa y los medios de comunicación. Inflación, PIB, empleo y desempleo, con la EPA y el registro de demandantes de empleo mensual. Interesa a toda la población, a las organizaciones sociales y empresariales, a multitud de entidades sociales, a los analistas políticos y a muchos ciudadanos. Información que da poder al que la maneja.
Si yo fuera un estudioso de los aspectos sociales de nuestro país o una organización interesada en la vida de la gente más marginada y precarizada social y económicamente, lo tendría bastante más difícil. También esta información es poder, en este caso en manos de las administraciones. El propio Gobierno central anda escatimando los datos sobre el IMV. Cada trimestre hace públicos algunos, pero cada vez menos. Son solo pobres, los más pobres del país. ¿A quién le importa?
Aún menos al Gobierno de Aragón. La ley obliga a una «Información trimestral», según se dice en el artículo 11. Llevamos casi un año desde la aprobación de la Ley y no hay nada publicado. ¿A quién importa? ¿A quién importa saber cuántos ciudadanos aragoneses, en situación muy, muy precaria, reciben la prestación económica a la que tienen derecho o si la resolución denegatoria ha sido correcta o no? Son cuatro gatos, literalmente cuatro gatos: 2.901 PArCo-1 de los 8.978, según dijo la consejera en marzo y 53 PArCo-2, según recoge EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.
¿A quién importa si la prestación reconocida es una miseria, 492 euros de media por familia, según la consejera, pero solo, por ejemplo, 106 euros por persona al mes en las «unidades de convivencia» de seis personas, según respuesta del IASS a preguntas parlamentarias de IU. ¿A quién le importa?
Puede ser que les importe no mostrar sus vergüenzas al Gobierno de Aragón, a la consejera de Ciudadanía y al IASS, ante semejantes resultados. Es una ley para «superar la pobreza, la exclusión social y la desigualdad», como se declara pomposamente en el Preámbulo de la ley, pero ¿a quién le importa?
Hace unos días, celebrando el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, el presidente Lambán reclamaba «el derecho a soñar». «Nadie tiene derecho a crearnos obstáculos para que esos sueños se conviertan en realidad», decía. ¿Qué sueños se pueden tener cuando la Prestación Aragonesa Complementaria del IMV se está quedando cada vez más corta? ¿Para qué queremos el Estatuto de Autonomía si no mejoramos la vidas de las personas y familias más precarizadas? Mucho anuncio y poco esfuerzo autonómico el «derecho a soñar».
*Sociólogo y Profesor jubilado de la Universidad de Zaragoza