Avanza tiene que devolver 1,5 millones por los abonos gratis para la plantilla

Fue el Gobierno de ZeC el que requirió el pago de los títulos de empleados y familiares El TSJA da la razón al consistorio y avala que el coste debe asumirlo la contrata

La empresa que gestiona el servicio del autobús urbano de Zaragoza, Avanza, tendrá que devolver al ayuntamiento 1.553.222,71 euros correspondientes a los abonos gratuitos de los trabajadores y sus familiares. Un beneficio social de la plantilla que el Tribunal Superior de Justicia

de Aragón (TSJA) considera que tiene que soportarlo y costearlo la propia empresa, no el consistorio.

Este asunto viene de lejos. Fue el 11 de mayo de 2018 cuando el anterior Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) acordó requerir a la contrata del autobús urbano el pago de casi 2,5 millones de euros por los abonos gratuitos desde el inicio de la concesión, en 2013, hasta el 31 de diciembre de 2017. El ayuntamiento esgrimía en su recurso que los nuevos pliegos obligaban a la empresa a asumir el coste desde la firma del contrato. En este caso, se beneficiaron unas 2.500 personas.

También el Gobierno del PSOE tuvo que lidiar con la contrata por este asunto en los tribunales. Entonces le reclamó hasta 20 millones en el proceso de lesividad que impulsó el ayuntamiento en el año 2014 por haber sufragado los pases gratuitos entre los años 1982 y 2013.

Ya en 2019, una sentencia estimó parcialmente el recurso municipal pero redujo la cantidad requerida a Avanza a la suma de 1.553.222,71 euros. Una decisión que ahora el TSJA considera firme dado que el recurso de casación planteado ante el Tribunal Supremo por providencia del alto tribunal de 23 de marzo de 2022 fue inadmitido.

En concreto, el consistorio zaragozano reclamaba el pago de 3.252.165 usos del autobús urbano, de los que 2.502.893 eran de familiares. Aplicando el 0,74 euros por cada viaje con la tarjeta bus, suponían el pago de 2,4 millones de euros en viajes.

Según los letrados municipales, estos abonos, que están recogidos en el convenio colectivo de la empresa desde 1982, forman parte del coste salarial que tiene que asumir la empresa y, por lo tanto, no puede imputárselo al ayuntamiento.

El Gobierno de PP-Cs aprobó ayer requerir a la empresa el pago directo de esta cantidad --como se contempló en su día-- y ahora tendrá que cuantificar el coste de los abonos familiares que ha seguido costeando desde entonces.

Fuentes municipales explicaron ayer que se solicitará en cumplimiento de la sentencia que se concreten en las próximas certificaciones con la empresa.

Está por ver cómo se hará finalmente. En el año 2018, desde Movilidad se propuso que las cantidades afectadas se añadiesen la recaudación mensual o en la liquidación de diciembre por la venta de los billetes.