La Policía investiga el pirateo de la señal del fútbol en bares de la capital
Se ha detectado el uso de medios ilícitos en 166 establecimientos de toda España LaLiga denunció este fraude por el que asegura haber perdido un millón de euros
Una redada policial contra la distribución ilícita de la señal de televisión de partidos de fútbol en bares de toda España ha concluido con 166 responsables de establecimientos hosteleros investigados por un delito contra la propiedad intelectual, algunos en Zaragoza. Se estima que el perjuicio económico ocasionado a los titulares del contenido multimedia distribuido ilegalmente asciende a más de 1.000.000 de euros, según informa este jueves la Policía Nacional que, de forma coordinada y simultánea, ha practicado inspecciones en los cerca de 200 bares sospechosos de emitir partidos de la liga y de la Champions League de forma fraudulenta.
Fue en enero cuando los agentes iniciaron sus pesquisas a raíz de la denuncia interpuesta por La Liga contra establecimientos de hostelería de diferentes provincias españolas, sin la autorización de los propietarios de dicho contenido.
Tras diversas comprobaciones, los investigadores confirmaron que 166 establecimientos de distintas ciudades españolas estaban implicados en la emisión fraudulenta de los partidos de fútbol. Además de en Zaragoza, los locales ahora señalados por la investigación estaban en Sevilla, Málaga, Córdoba, Valladolid, Murcia, Palma de Mallorca, Gijón, Madrid, Vigo, Las Palmas, Bilbao y Barcelona.
Con esta información se puso en marcha un macrooperativo para realizar de manera coordinada la inspección de todos los establecimientos comerciales investigados durante el transcurso de una de las jornadas de la competición de fútbol nacional de LaLiga Santander.
Como resultado del mismo se desarticuló toda la infraestructura que permitía la visualización ilegal del contenido multimedia de pago, con la identificación de los responsables y el cese del servicio ilegal que prestaban para permitir su visionado de forma ilícita.
A los titulares de los establecimientos comerciales investigados, se les imputa un delito contra la propiedad intelectual como presuntos responsables de distribuir el contenido audiovisual de manera fraudulenta, ya que a través de decodificadores o microcontroladores accedían de manera ilegal a contenido protegido emitido por canales codificados.
Con esto obtenían un beneficio económico fraudulento ya que ofrecían la posibilidad de ver eventos deportivos, únicamente emitidos a través de canales codificados que les hacía poseedores de un servicio extra que otros establecimientos no ofrecían.