La policía registró la ‘Conselleria’ de Oltra durante ocho horas
Se incautó del informe de la menor que sufrió abusos del exmarido de la política
Agentes de la Policía Judicial registraron durante ocho horas la Conselleria de Igualdad el pasado lunes, apenas un día antes de la dimisión de la titular del departamento y vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, según ha podido saber este periódico. La orden de registro habría sido dictada por el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, que abrió las diligencias el 18 de junio de 2021 para investigar si los funcionarios de la Conselleria de Igualdad desatendieron y prevaricaron al ignorar las denuncias de la menor que sufrió abusos de un educador, expareja sentimental de Oltra.
Durante el prolongado registro los agentes escanearon el expediente sobre el caso de la víctima que se abrió el 8 de agosto de 2017. Un expediente que la sección segunda de la Audiencia de Valencia, que condenó al educador por abusos, considera «parajudicial» y creado para «desacreditar a la menor». Y del que existe controversia sobre quién ordenó su apertura. Los funcionarios de la Conselleria de Igualdad investigados en la causa han negado en sus declaraciones que fuera la consejera quien ordenara su apertura.
Sin embargo, fue la misma Oltra la que se puso en el punto de mira al declarar el 7 de marzo a los periodistas: «Ese informe, el expediente, lo encargué yo, dejen a la gente en paz. Yo encargué el expediente informativo porque necesitaba saber qué había pasado, se lo dije a la directora general y la directora general dijo: ‘Oiga, averígüese aquí que ha pasado’».
En su escrito de defensa ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Oltra se desdijo y justificó que su intervención se debió a «unas declaraciones claramente condicionadas por la sensación de injusticia e impotencia que sentía al pensar que esa imputación no era más que la instrumentalización penal que conllevaba poner en tela de juicio la profesionalidad de todas las funcionarias y funcionarios de la Conselleria que habían tenido intervención, así como de los distintos profesionales intervinientes».
También recordaba la defensa de Oltra que los altos cargos investigados que han declarado siempre han defendido que «el citado expediente informativo fue abierto a instancias de la directora general de Infancia y Adolescencia en una conversación que mantiene con la subdirectora general de Infancia el 8 de agosto de 2021».
El expediente original y una copia ya están a disposición de la policía judicial y del juzgado que es quien ha dictado la orden de registro, en un auto con fecha del 13 de junio. Una decisión que el titular del juzgado podía adoptar aunque hubiera enviado la exposición razonada al TSJCV para que investigara a Oltra. La orden de registro se habría dictado apenas dos días antes de que el alto tribunal asumiera la competencia de toda la causa que investiga la gestión de 13 funcionarios y trabajadores del Centro Niño Jesús y el Instituto Espill, además de Oltra. En la visita de la Policía Judicial a la Conselleria de Igualdad también se habrían incautado de las dos instrucciones originales, una de 2004 y otra de 2013, en las que se establecía el protocolo de actuación en caso de tener conocimiento de un caso de abuso a un menor y que habrían sido aportadas por el PP al juzgado, aunque no están personados en la causa.
La primera denuncia que originó esta investigación fue presentada por José Luis Roberto, el líder del partido de extrema derecha, España 2000, y abogado de la menor, solicitando una reclamación económica a la consejería.
El auto justifica el tiempo extra en «la complejidad de la causa, teniendo en cuenta el número de recurrentes y los motivos formulados». Desde el Supremo se venía señalando que la sentencia no se conocería hasta una vez pasadas las elecciones autonómicas de Andalucía del pasado domingo, si bien esta prórroga, que puede repetirse una vez pasen los 60 días hábiles estipulados, extiende aún más el asunto en el tiempo.
Griñán, que fue penado con seis años de cárcel por malversación y prevaricación continuadas, alegó ante el Supremo que no tuvo responsabilidades en este Gobierno hasta abril de 2004, años después de que se creara el mecanismo de concesión de ayudas que la Audiencia Provincial de Sevilla condenó por delictivo. Chaves, condenado a 9 años de inhabilitación, rechaza haber cometido prevaricación porque ni los acuerdos del Consejo de Gobierno ni las modificaciones presupuestarias deben considerarse actos administrativos sino políticos, y niega además que fueran arbitrarios.