El concejal Magaña rechaza haber maltratado a su ‘ex’
En el juicio afirma que la denuncia responde a un tema económico del divorcio Afronta 3 años de prisión por dos delitos leves de lesiones y otro de coacciones
La detención de Ignacio Magaña como presunto autor de un delito de violencia machista, en noviembre del pasado año, conllevó su expulsión del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, aunque se aferró al acta y se mantiene como edil por considerarse inocente. Ayer se sentó en el banquillo de los acusados y volvió a defender que no agredió a la mujer con la que está en proceso de divorcio. Afronta hasta 3 años de cárcel.
Fue ante la magistrada del Juzgado de lo Penal número 8 de Zaragoza en un juicio que fue a puerta cerrada. Según fuentes consultadas, Magaña afirmó que nunca había puesto una mano encima o maltratado a su mujer y añadió que su denuncia obedece únicamente a un proceso de separación con el que no parece estar de acuerdo. Apuntó también a que detrás podría haber algún tipo de interés económico.
Frente a su versión estuvo la de la denunciante que mantuvo el mismo relato de hechos que dijo en su día ante la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y que fue el detonante del arresto tres días después de la intervención policial.
En aquel momento, tal y como publicó este diario, ella relató varios episodios, entre ellos, uno en el que el edil, supuestamente, cerró un cajón cuando ella tenía la mano dentro, produciéndole una lesión en el dedo. En otra ocasión, ella iba descalza por la casa y él le dio, supuestamente, un pisotón que le provocó un hematoma.
El episodio más grave y en el que ella sintió «más miedo», según su denuncia, habría ocurrido en el invierno pasado cuando quiso abandonar el domicilio familiar. «Ignacio reaccionó de manera agresiva empujándome contra la cama, impidiendo que me pudiera mover al cogerme del cuello. Se marchó a la cocina, cogió un cuchillo, poniéndomelo en el pecho y diciéndome que por encima de su cadáver iba a salir de ahí». Tampoco se le olvidó y así lo hizo constar ante los agentes que llegó a tirarle las cenizas de su padre por el suelo y que rompió varios muebles. La relación entre la denunciante y el edil se inició hace 13 años, si bien llevaban de matrimonio cuatro años. En los dos últimos, al parecer, la relación había empeorado.
Un caso que inicialmente fue calificado de «riesgo alto» por la Policía Nacional. Fue tras entrevistarse con la denunciante y hacerle el cuestionario establecido por el Ministerio del Interior. Calificaron de «leve» la violencia psicológica sufrida por la esposa; de «muy grave» la física y concluyen que «en los últimos seis meses se registra un aumento en la escalada de las agresiones o amenazas». Añadieron el uso de arma blanca y que no ha habido sexo forzado ni existencia de amenazas/planes dirigidos a causar daño a la víctima.
Unos agentes de la Policía Nacional que tanto los de la UFAM como los de Seguridad Ciudadana que inicialmente acudieron al domicilio en el que convivían ambos y se ratificaron en sus atestados.
Con todo ello la magistrada titular deberá dictar sentencia que, según avanzó a las partes, estará el próximo mes de julio. En la balanza judicial está la petición de la fiscala especializada en Violencia de Género, Yolanda Cantón, de 22 meses de cárcel, mientras que la abogada de la ex esposa del edil y denunciante, la letrada Sara Madurga, eleva la petición a tres años de privación de libertad. Asimismo, quieren que se le impida el derecho de tenencia y porte de armas por tres años, así como una prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima, de su domicilio y trabajo. La defensa, ejercida por María Ángeles Laguna, pidió la absolución.