Aprobada la reforma que tratará de dar estabilidad a los científicos
El Congreso da luz verde a la ley, que incluye un nuevo contrato indefinido Recoge el derecho a indemnización y pone las bases de la Agencia del Espacio
El Congreso aprobó ayer la reforma de la ley de la ciencia, un texto que pretende atajar la precariedad laboral de los científicos e investigadores y blindar la financiación suficiente a las labores de Investigación y Desarrollo (I+D): el 1,25% del PIB de aquí a 2030. La nueva norma –que renueva la de 2011 y que ha recibido la luz verde con 261 votos afirmativos, 59 abstenciones y ni una sola papeleta en contra– tiene por objetivo atraer talento, promover la movilidad de los científicos y reconocer la investigación que se hace en los hospitales públicos. También simplifica la carga administrativa en la petición de ayudas y sienta las bases para crear la Agencia Española del Espacio, que se encargará de hacer un estrategia espacial y que se ubicará en una zona de la España vaciada para combatir la despoblación.
La norma también apuesta por la lucha contra el acoso sexual, el fomento de la igualdad real entre hombres y mujeres en el mundo científico. «Esta ley está a la altura de nuestros científicos y nuestras científicas. Es una norma consensuada y oportuna en la que me he implicado personalmente y de la que me siento orgullosa», explicó la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.
Sin embargo, el texto no convence a toda la comunidad científica. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras –que convocó una concentración frente al Congreso coincidiendo con la votación de los diputados– critica el hecho de que muchas enmiendas no hayan sido tenidas en cuenta. Además, varias sociedades, como la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios, la del Estudio de la Biología de la Reproducción, la de Investigación sobre el Cáncer o la Fundación ECO para la Excelencia, aseguran que «no es la ley que España necesita».
Contrato indefinido e indemnización son expresiones poco habituales en el mundo de la ciencia española. La reforma legislativa busca reducir la precariedad laboral consagrando un nuevo contrato indefinido que no estará sujeto a la oferta pública de empleo y que estará dirigido a investigadores, técnicos y personal de gestión. También se podrán beneficiar de este modelo laboral, y con independencia de su nivel de formación, personas con experiencia y competencia suficiente.
«Es una norma que está a la altura de nuestros científicos y científicas», dice Morant
Para fomentar la estabilidad, el texto promueve los contratos posdoctorales de hasta seis años en universidades, fundaciones y consorcios del sector público. La norma contempla algo que la vigente ley no hacía: el derecho de indemnización, que también se aplicará a los contratos predoctorales. Además, el cómputo de la duración se interrumpirá cuando se soliciten permisos y excedencias por motivo de conciliación de la vida laboral y familiar.
El Sistema Nacional de Salud (SNS) no queda excluido de la norma. Los investigadores que trabajen en el SNS dedicando, al menos, el 50% de su jornada laboral a las tareas de investigación tendrán categorías específicas y se les aplicarán los contratos de la ley de la Ciencia. El texto especifica que se aprobará un estatuto del personal de investigación del SNS.
Cuando la norma entre en vigor, la carga administrativa que conlleva el mundo científico se reducirá considerablemente. La justificación de subvenciones se podrá realizar de forma simplificada.
Reconociendo el valor de la ciencia como «bien común», la nueva ley impulsa la difusión en abierto de datos y metodologías y no solo publicaciones. Publicar en abierto será considerado un mérito curricular.
Esos fondos servirán también para impulsar los planes digitales de los centros educativos, muchos de los cuales tienen graves carencias, según se ha constatado en los dos años de pandemia por covid.
Junto a esta partida, se ha acordado también la distribución de 118,2 millones para desarrollar el llamado plan Proa, un programa destinado a los colegios e institutos públicos con mayor porcentaje de alumnos con dificultades educativas. Para apoyar a estos estudiantes, Educación está respaldando económicamente la creación de unidades de acompañamiento y orientación, que realizarán un seguimiento individualizado.
En la conferencia sectorial también se ha acordado lo que ya se aprobó esta semana en el Consejo de Ministros: un total de 58,5 millones de euros para financiar libros de texto –que cambiarán para adecuarse a la nueva ley educativa- y materiales didácticos.