La ley de eutanasia cumple un año con cuatro peticiones autorizadas
En Aragón se han recibido un total de 18 solicitudes y 3 de ellas ya se han materializado Ocho se denegaron y en las cinco restantes el interesado falleció durante la tramitación
Un año después de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia en Aragón se han presentado 18 solicitudes, de las que se han aprobado 4, y se prevé que el número aumente «conforme se conozca la ley», como ha sucedido en otros países en los que está regulada, y que con ellos mejore «el rodaje» que falta.
En España pueden solicitar la eutanasia, ayuda médica para morir, las personas mayores de edad y en plena capacidad de obrar y decidir en el momento de solicitarla, que se encuentre en los supuestos de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables y se articula la posibilidad de solicitar esta ayuda mediante el testamento vital o documento de voluntades anticipadas.
De las 18 solicitudes en Aragón, según los datos del gobierno autonómico, 4 han obtenido la verificación previa positiva de la Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir, –de los que se han realizado tres–, y hay otro caso en proceso de deliberación, mientras que en otros 13 no se ha llevado a cabo. De estos 13, en 8 las solicitudes han sido denegadas y en los otros 5 las personas que la habían solicitado fallecieron durante la tramitación, cuyo proceso se resuelve en unos 35-40 días.
Las solicitudes las han hecho personas mayores con enfermedades terminales, cánceres la mayoría, que en algunos estaban en fase tan avanzada que han fallecido antes de que se les pudiera prestar, y también enfermedades neurológicas degenerativas.
Las denegadas, casi la mitad del total, no cumplían el contexto eutanásico, el solicitante tenía alguna patología mental que le imposibilitaba tomar una decisión coherente o, en otros casos, la enfermedad que padecían, si no posibilidad de curación sí tenía posibilidad de mejora clínica, explica a Efe el presidente en funciones de la Comisión de Garantías y Evaluación, Javier Olivera.
El procedimiento para solicitar esta ayuda comienza con un escrito del paciente al médico responsable de su tratamiento y, en el caso de que no encuentre en el pleno uso de sus facultades pero haya firmado un testamento vital o un documento de voluntades anticipadas, podrá ser otra persona mayor de edad la que la presente en su nombre.
A partir de este momento se inician una serie de trámites y un proceso deliberativo con unos plazos reglados que implican la participación de un segundo médico consultor, experto en la enfermedad del paciente, que debe emitir otro informe.
Los informes del médico responsable y del consultor, que pueden coincidir o no en su resultado, pasan a la Comisión de Garantías que es la que delibera y toma la decisión final. En caso de que la Comisión la deniegue, el paciente puede reclamar por la jurisprudencia contencioso administrativa, apunta Olivera.
A su juicio, es muy importante que exista esta Comisión, formada por 17 personas (9 titulares y 8 suplentes), con médicos de familia, intensivistas, expertos en paliativos, dos enfermeras, un neurólogo, un psiquiatra, cinco juristas y una trabajadora social, un equipo «multiprofesional, con mucha sensibilidad que facilita mucho las discusiones de cada caso que son largas y evalúan personas, no expedientes».
«En algún caso incluso se ha llamado por teléfono al paciente para preguntarle entre todos los miembros y es una labor mucho más humana que burocrática, pero afortunadamente hay cinco juristas que garantizan que la ley se cumpla y que si un paciente tiene un derecho y cumple los criterios se aplique ese derecho», destaca Olivera. Por eso se dice que la ley es «muy garantista» porque al paciente, «cuando todo va a favor», lo ven tres médicos (responsable, consultor y el de la Comisión), además de un jurista.
Olivera admite que hubo al principio falta de información y de formación a los profesionales sanitarios que intervienen en el proceso, una carencia que ya se suple con iniciativas formativas y en lo que coincide el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado, que define como «turbulenta» la puesta
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