Una zaragozana de 83 años, supuso un punto de inflexión

Registro de objetores y Aragón ya tiene una de las cifras más altas

en marcha de la ley en Aragón.

«Su implementación fue precipitada, seguramente por razones políticas», y «sin un buen desarrollo a nivel autonómico», reconoce. Y añade que la entrada en vigor fue «simultánea» al inicio de la formación, por lo que no existía «el sustrato adecuado» y supuso «circunstancias desdichadas» por la falta de una correcta organización en el proceso.

Alude al suicidio de Emilia, una señora de 83 años en Zaragoza el pasado noviembre, un caso que no llegó a la Comisión de Garantías y en el que fue difícil determinar «en qué punto estuvo el fallo», aunque sí culminó con el cese de un director de atención primaria. Esta situación sirvió como «toque de inflexión» para abordar con mayor determinación el funcionamiento de la ley, afirma.

Ambos señalan que su implementación tuvo el problema de que no estaba bien definida la objeción de conciencia de los sanitarios que intervienen en el proceso (médicos, enfermeras y farmacéuticos), y el momento en que entraba en vigor ese derecho, lo que supuso las críticas de algunos colegios de médicos. Un tema «controvertido», recuerda García Tirado, porque los registros de objetores se crearon con la ley ya vigente. Finalmente se estableció que el profesional objetor no tiene por qué iniciar la tramitación, pero sí asegurarse de que el paciente queda «en las manos adecuadas para que se inicie el trámite».

A raíz del caso de Emilia, se aceleró en Aragón el registro de objetores y hubo «una oleada» de sanitarios que se inscribieron, un proceso abierto y reversible. Aragón, de hecho, es una de las comunidades con mayor número, 900, apunta Olivera, quien añade, no obstante, que algunas se están revocando «conforme se conoce la ley».

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