La Educación encuentra su propio modelo
Hay un antes y un después del traspaso de las competencias de la Educación no universitaria a Aragón. Con anterioridad a 1999, la educación aragonesa formaba parte del territorio MEC, un modelo educativo monolítico que no atendía a las desigualdades de los distintos territorios. Era un café educativo para todos que despreciaba las especificidades de cada autonomía en materia de Educación.
La situación cambió significativamente a finales de la década de los noventa con la asunción efectiva de las transferencias por parte del Gobierno de Aragón. Fue entonces cuando empezó a configurarse el denominado modelo educativo aragonés, que fue incorporado al Estatuto de Autonomía con personalidad propia, aunque dentro del marco general del sistema educativo español.
¿Cuáles serían los rasgos diferenciales que definen ese modelo educativo aragonés? La educación cobra un destacado protagonismo en el Estatuto de Autonomía, ya que constituye un principio rector de las políticas públicas. El artículo 21 traza las líneas básicas de «un modelo educativo de calidad y de interés público que garantice el libre desenvolvimiento de la personalidad de los alumnos, en el marco del respeto a los principios constitucionales y estatutarios y a las singularidades de Aragón». Es decir, se considera la educación como un sistema integrador y no segregador, en el que se concede gran importancia al tratamiento de la diversidad del alumnado, así como a la formación permanente. El modelo aragonés también tiene muy presente la especificidad del problema demográfico de un territorio extenso, poco poblado y con una población envejecida. Las comarcas y las lenguas propias –aragonés, catalán y castellano- son también piezas clave de ese modelo en permanente construcción y que se desarrolla según sea la evolución de la sociedad.
Traspaso ‘in extremis’
El Gobierno del socialista Marcelino Iglesias fue el primero en gestionar las entonces recién transferidas competencias educativas. Recibió el testigo del Ejecutivo de la popular Luisa Fernanda Rudi, que cerró in extremis la negociación con el Estado, en los últimos meses de su mandato y en un momento extremadamente complejo para la educación por la implantación en Aragón de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que alargó la educación obligatoria de los 14 a los 16 años, lo que creó una problemática de infraestructuras y de adaptación de un elevado número de alumnos a la nueva situación. «Las transferencias vinieron muy justas económicamente», recuerda el presidente del Consejo Escolar de Aragón, Jesús Garcés. A su juicio, ese déficit económico dificultó los primeros años de la gestión aragonesa de la educación.
Al problema económico se sumó el bajo nivel de la Formación Profesional de aquel momento, lo que hizo que «todas las familias querían que sus hijos estudiaran en la universidad», así como la ola de inmigrantes que llegó a Aragón a principios del 2000 y a los que la Administración escolarizó. «La integración se quiso hacer desde el minuto uno de la escolarización, a diferencia de la comunidad de Madrid en la que se hicieron centros escolares para inmigrantes», explica Garcés. Fruto de esa presión migratoria, se crearon nuevas estructuras de atención a ese colectivo como el Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva (CAREI), del Gobierno de Aragón, que cuenta con mediadores, profesores de español para emigrantes o tutores de acogida.
De forma paralela, el modelo educativo aragonés miró esos años también hacia el mundo rural y se impulsaron los Centros Rurales Agrupados como una fórmula de éxito que garantizó la enseñanza en pueblos con apenas dos o tres
niños en edad escolar.
La red de centros de adultos, hasta entonces desperdigada, experimentó igualmente a principios del siglo XXI una amplia reestructuración con el objetivo de dar respuesta a todos aquellos alumnos mayores de 18 años que necesitaban sacarse el título de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Innovación e integración
Tras los recortes económicos impuestos por la crisis de 2008 y los vaivenes provocados por las constantes modificaciones de la legislación estatal fruto de la eterna pugna política –desde 1980 ha habido ocho leyes educativas en España, todas muy polémicas como la ley Wert o la ley Celaá-, la educación aragonesa ha recuperado en los últimos años el pulso inversor y ha apostado por la innovación en su modelo diferencial y por los centros integrados en los que se imparte todos ciclos de enseñanza desde los dos años. No obstante, se han encendido «luces rojas» en el horizonte. Urgen soluciones a la baja escolarización que ha empezado a detectare fruto del descenso de la población y de la inmigración en barrios zaragozanos que como el Actur vivieron su eclosión poblacional a finales de la década de los 90.