El impacto de su plan de choque hasta final de año
El Gobierno eleva a 15.000 millones de euros
El Gobierno ha redoblado su arsenal de medidas para luchar contra los efectos de la inflación y la crisis energética agravada por la guerra en Ucrania. Ayer aprobó un real decreto ley que, entre otras medidas, incorpora un cheque de 200 euros para 2,7 millones de personas en familias con rentas de hasta 14.000 euros; la rebaja del IVA de la luz del 10% al 5% hasta final de año; una subvención del 30% de los abonos transporte de autobuses urbanos y cercanías (de septiembre a fin de año) y la subida del 15% de la pensiones no contributivas de invalidez y jubilación hasta final de año.
El decreto prorroga hasta el 31 de diciembre las medidas del primer plan anticrisis, del 28 de marzo, con ayudas como la rebaja de 20 céntimos por litro de carburante, la subida de un 15% del ingreso mínimo vital o la que limita al 2% la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual.
Tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló que el objetivo del decreto es «amortiguar al máximo los efectos económicos y sociales» de la guerra, y hacer que se repartan «de manera más justa», protegiendo a los más vulnerables.
Las nuevas medidas tendrán un impacto presupuestario de algo más de 9.000 millones, resultado del bloque de iniciativas que supondrán un mayor gasto «para proteger a familias, clases trabajadoras y sectores específicos» (unos 5.500 millones de euros) y de las rebajas fiscales adicionales (unos 3.600 millones).
El mayor montante de gasto se lo lleva la prórroga de julio a diciembre de la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante (4.038 millones). Para el cheque de 200 euros se estima un impacto de 540 millones y para la bonificación de los abonos transporte, de 221 millones. En el bloque de los ingresos se incluye la rebaja del IVA eléctrico (600 millones) y la prórroga hasta el 31 de diciembre de las medidas fiscales que se aplican desde junio de 2021.
Este plan, sumado al de marzo (que supuso ayudas por 6.000 millones) debería servir, según el presidente del Gobierno, para evitar que la inflación sea 3,5 puntos más alta que en ausencia de ambos. También contribuye de forma sustancial a este objetivo la llamada «excepción ibérica», que permite a España y Portugal poner un tope al gas que se usa en la generación eléctrica y que, según Sánchez, permite que el precio mayorista de la electricidad esté «entre un 40% y 50% más barato que en las principales economías industriales de Europa». «Si estas medidas no existieran, la inflación se acercaría a 14 ó los 15 puntos», aventuró.
El esfuerzo presupuestario de los decretos del pasado marzo y de junio se estima en unos 15.000 millones de euros –«algo más que un punto de PIB», según Sánchez– sin contar 10.000 millones en créditos ICO para empresas.
La mayor parte de las nuevas medidas incorporadas en el decreto ley de ayer parten de las propuestas que ha venido realizando Unidas Podemos en las últimas semanas. La resistencia de la parte socialista del Gobierno a adoptar algunas de ellas llevó hasta la misma mañana de ayer la negociación entre los socios del Ejecutivo.
Simplificando, se podría decir que el cheque de 200 euros lleva la firma de Unidas Podemos (aunque los morados pedían 300), y la subvención al abono transporte. Y que la rebaja del IVA del 10% al 5% lleva el sello socialista.
Unidas Podemos no ha logrado convencer a su socio de asumir la complejidad técnica de transformar el descuento de 20 céntimos a los carburantes en una ayuda solo para los niveles inferiores de renta. Pero la parte del Gobierno que encabeza la vicepresidenta Yolanda Díaz sí logró hacer valer su empeño para crear un nuevo impuesto que grave los beneficios extraordinarios de las energéticas obtenidos este mismo año.
Sánchez anunció que este «nuevo impuesto» se incorporará en una proposición de ley que los dos socios del Gobierno presentarán en el Congreso de los Diputados «en las próximas semanas». Aunque el presidente no adelantó detalles sobre el nuevo gravamen, después se aclaró que la idea es fijar el devengo del impuesto el 31 de diciembre de 2022. Por lo tanto, «el nuevo impuesto sería exigible a partir del 1 de enero de 2023, pero