Por unos dólares es posible
Acceder a datos confidenciales de centros de salud reproductiva
Con la criminalización de prácticamente cualquier interrupción del aborto que esas leyes impulsan, las fuerzas del orden de estados conservadores podrían empezar a examinar todo aquello que consideren que puede dar información sobre si se ha tratado de una cuestión deliberada, ya sea a través de un aborto quirúrgico o a través de píldoras abortivas, con las que se realizan más de la mitad de los abortos en EEUU y cuyo acceso han limitado o prohibido algunos estados. En Misuri se ha propuesto, por ejemplo, que el envío o la entrega de píldoras se considere tráfico de drogas y Luisiana ha aprobado una ley que convierte el envío de píldoras en un delito penado con hasta seis meses de cárcel.
Lo mismo podrían hacer los cazadores de recompensas en que leyes como las que están en vigor en
Tejas y Oklahoma convierten a cualquier ciudadano que quiera denunciar un aborto.
En el foco de autoridades o de esos «cazarrecompensas» entrarían potencialmente historiales de búsqueda en internet que se han realizado, páginas que se han visitado, datos de localización del teléfono o de pagos realizados con tarjeta de crédito, comunicaciones mantenidas o incluso datos de
que las mujeres utilizan para poder hacer un seguimiento de sus periodos.
«Puede empeorar qué tipos de información y técnicas de investigación se explotan en servicio de esas leyes», advertía ya antes del dictado de la sentencia del viernes la Unión Americana de Libertades Civiles Nate Wessler. «Está claro que vamos a ver investigaciones agresivas en poco tiempo probablemente», avisaba en unas declaraciones recientes a Politico.
Ese escenario es el que dispara las alarmas, especialmente por la falta de regulaciones federales en EEUU que garanticen la protección de los datos o controlen su comercio. Y el problema quedó expuesto en mayo, cuando un reportero de Vice compró por 160 dólares datos de visitas a más de 600 centros de la oenegé de salud reproductiva Planned Parenthood.
El presidente de EEUU, Joe Biden, hizo referencia a este creciente miedo en su discurso de reacción a la sentencia del Supremo el viernes, advirtiendo sobre «gobernadores y legisladores estatales extremistas» que, entre otras cosas, «intentan controlar las acciones de una mujer siguiendo aplicaciones que usa» .
El miedo ya había llevado recientemente a legisladores demócratas a presentar una propuesta de ley que busca reforzar la protección de datos. Aunque las opciones de que salga adelante en el Congreso por ahora son prácticamente nulas, la norma, titulada Mi cuerpo, mis datos, prohibiría a empresas retener datos sobre salud reproductiva de sus clientes sin consentimiento y vetaría la venta de datos de usuarios sobre localización o salud. Esos mismos congresistas enviaron una carta a la Comisión Federal de Comercio instándole a investigar acciones de las grandes tecnológicas. un comandante y filmaron historias de propaganda de civiles saliendo de los refugios de Azot», indicó. Hasta la retirada de los soldados ucranianos anunciada el viernes por Gaidai, la planta química de Azot, donde se habían refugiado cientos de civiles, era el último reducto de la resistencia ucraniana en Severodonetsk. Gaidai recalcó que la ciudad está destruida en un 90 % y que «será extremadamente difícil sobrevivir allí». «¡Volveremos a nuestra ciudad! ¡Severodonetsk es Ucrania!», exclamó.
Rusia está a punto de tomar toda la región de Lugansk. Ayer, según las fuerzas prorrusas, las tropas separatistas entraron en la vecina Lisichansk.
Por otro lado, Rusia suministrará a Bielorrusia misiles tácticos Iskander-M, como los que ha empleado en su «operación militar especial» en Ucrania, anunció el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, celebrada ayer en San Petersburgo.