El Picarral alza la voz contra la DGA y alerta de un curso «insostenible»
La dirección del instituto exige medidas para paliar su déficit de personal e instalaciones Solo tienen una auxiliar de Educación a media jornada y una trabajadora social
La comunidad educativa del instituto El Picarral, en Zaragoza, ha dicho basta y exige al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón «que tome medidas» respecto a la infraestructura «obsoleta» que tiene y al «escaso» personal con el que cuentan para atender a una demanda «muy por encima» de sus posibilidades.
La situación es «crítica» y alertan de un curso «insostenible» si no se actúa a tiempo. «No vamos a llegar a todo y va a ser muy complicado», señalaba ayer a este diario Alcira Soria, directora del instituto El Picarral. «Hemos organizado el inicio de curso como hemos podido. El equipo directivo hemos estado ayudando a hacer matrículas porque solo tenemos un administrativo y eso es inviable para un centro como el nuestro. Las familias también requieren de atención y hemos ido todos a una, pero así no podemos seguir mucho más tiempo», insistía. Hace tres años que esperan la llegada de un auxiliar administrativo, pero no hay noticias de esta incorporación.
El Picarral, con cerca de 600 estudiantes, acoge a alumnos que provienen de entornos «muy vulnerables», al tiempo que tienen estudiantes TEA y con necesidades especiales (acneas). «No tenemos recursos suficientes para atenderles. De hecho, en acneas tenemos aulas de 1º y 2º ESO donde la ratio está muy por encima de la media», esgrime.
En este sentido, el instituto cuenta con una auxiliar de Educación Especial, pero solo tiene concedida «media jornada» y Soria asegura que «todos los años la tenemos que solicitar y pelar mucho con la normativa en la mano. Es agotador», asegura la directora. Esa media jornada supone 15 horas a la semana de atención para este tipo de alumnado.
Por otro lado, han recurrido «a todo lo posible» y también han logrado que una vez a la semana una trabajadora social acuda al instituto. «Nos hemos apuntado a todos los programas que hemos podido. Aún así, no puede abordar todo lo que se precisaría respecto a absentismo escolar, la gestión de becas o charlas con los alumnos», detalla Soria. «A pesar de las características del centro, nos dicen que no hay legislación que determine que nos corresponde una o más trabajadoras sociales», indica.
No es la primera vez que la comunidad educativa de El Picarral protesta. De hecho, cuando en 2016 echaron a andar en las instalaciones del antiguo colegio San Felipe, las familias ya mostraron su preocupación porque, entonces, ya eran muchos alumnos en la ESO y no había un planteamiento del avance del instituto. «Ahora estamos pagando lo heredado entonces: tanto la instalación, que está muy desfasada, como la plantilla. Aquella escasez de recursos en personal que pagamos entonces sigue ahora porque no se crearon figuras importantes y no se han ido adaptando», explica Alcira Soria.
La consejería de Educación de la DGA asegura que «lo antes posible» van a tratar de dar una solución al tema de los recursos humanos. En cuanto a la instalación, un arquitecto ha pasado por el centro, «pero no hay novedades de nada», indica.
«Las puertas y las ventanas son muy obsoletas, son las mismas que hace 40 años, por lo tanto la eficiencia energética aquí no existe. Hace mucho frío y mucho calor. Se han ido haciendo parcheados, pero cuando se tiene carpintería de aluminio poco se puede hacer. Hay espacios donde no se cumple la ley de prevención de riesgos laborales y tenemos un problema grave con la valla del patio, que está oxidada y un alambre con espinas», argumenta Soria. que se hizo visible el nuevo, este recogía una «exigua subida salarial», según los sindicatos. «El departamento apunta a un porcentaje del 4% para cubrir posibles subidas salariales para cursos posteriores y los futuros incrementos que puedan negociarse para el próximo convenio colectivo. Lo que es lo mismo: una subida de un 4% en cinco años con una inflación disparada a niveles nunca vistos en 2022», explican los colectivos sindicales.
De igual modo, indican que «para añadir más incertidumbre» a estas trabajadoras que prestan servicio de apoyo a las aulas de 3 años en Infantil y las de escolarización anticipada (2 años) la asignación de técnicos de infantil en Aragón «no cumple con las expectativas previstas», dicen.
En este sentido, indican que, a fecha 5 de septiembre, de los 95 centros a los que se dotó de esta figura de técnico de Infantil el curso pasado «se ha dotado a 67, de los cuales son 27 para aulas de escolarización anticipada, muchas de ellas con uno o dos alumnos. Es decir, es una reducción del 20%», precisaron.