Luz verde a crear un registro de médicos objetores al aborto
Protección de datos avala la medida como constitucional si se protege la información personal La ley marca que los servicios públicos han de asegurar que siempre haya quien los practique
La creación de registros autonómicos de médicos objetores de conciencia con respecto al aborto es factible y una medida constitucional, siempre que se haga con garantías para respetar el derecho fundamental a la protección de los datos personales. Así lo ha dictaminado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en su informe sobre el anteproyecto de reforma de la ley orgánica de interrupción del embarazo.
La reforma de la ley del aborto, que anteayer llegó al Congreso de los Diputados para ser tramitada por la vía de urgencia, reconoce el derecho individual a la objeción de conciencia, pero garantiza al mismo tiempo que los servicios sanitarios públicos se organizarán para que siempre haya profesionales que permitan a las mujeres acceder al derecho a interrumpir su embarazo. Para ello, establece que las comunidades autónomas tendrán que crear registros de personas objetoras de conciencia: deben declarar la objeción de forma anticipada y por escrito.
¿Es el derecho fundamental a la protección de los datos personales un obstáculo para la creación de esos registros? La AEPD ha contestado a esa pregunta recurriendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a la legislación vigente: avala su puesta en marcha, aunque precisa que se deben adoptar garantías específicas para proteger datos tan sensibles.
«La constitucionalidad de la creación de estos registros ha sido expresamente reconocida por el Tribunal Constitucional» en una sentencia de 2014 en la que se alega que el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia no puede permanecer en la esfera íntima del sujeto, pues «trae en causa la exención del cumplimiento de un deber» y por tanto el objetor debe facilitar la tarea de los poderes públicos de organizar los servicios sanitarios con el personal suficiente.
Sin embargo, incide la Agencia de Protección de Datos, «desde la perspectiva de la protección