Para que los grupos hagan sus aportaciones
El Congreso ya ha abierto el plazo de enmiendas
de los datos personales deben hacerse algunas consideraciones, partiendo de que la existencia de dichos registros suponen una limitación al derecho fundamental de los datos personales».
Precisamente los datos de aquellas personas objetoras de conciencia tienen una consideración legal especial en el Reglamento General de Protección de Datos, pues pertenecen al ámbito de convicciones religiosas o filosóficas. La norma general, explica la AEPD en su informe sobre la reforma de la ley del aborto, es la prohibición del tratamiento de estos datos. Ahora bien, el Reglamento contempla algunas excepciones por «razones de interés público esencial», entre las que se enmarcaría garantizar el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo.
En estos casos, se deben establecer medidas «adecuadas y específicas» para proteger los datos y ha de hacerse en la misma ley que limita ese derecho a la protección de los datos, no en normas o reglamentos de menor rango, con reglas precisas y garantías. A este respecto, el TC ha dicho que el legislador debe establecer garantías adecuadas para «velar por que el tratamiento de datos se realice en condiciones que aseguren la transparencia, la supervisión y la tutela judicial efectiva, y deben procurar que los datos no se recojan de forma desproporcionada y no se utilicen con fines distintos de los que justificaron su obtención». Aplicado a la ley del aborto, que no se empleen para otra cosa que no sea organizar los servicios sanitarios para garantizar que se presta el derecho a la interrupción del embarazo.
La AEPD indica en su informe que la futura ley tendrá que articular garantías para limitar la finalidad del tratamiento de esos datos, el número de datos personales requeridos a los objetores para su identificación, las personas que tendrán acceso a esos datos y también para que no se les pida que motiven las razones para declararse objetores y para exigir que se informe al profesional del tratamiento de sus datos.
Protección de Datos asevera que se deberá hacer una evaluación de impacto para garantizar los derechos de los titulares de esa información.
El proyecto de ley del aborto acaba de comenzar su andadura parlamentaria: el Congreso ya ha abierto el plazo de enmiendas al texto legal para que los grupos hagan sus aportaciones.