Empujón a la emprendeduría

En los diversos rankings sobre las facilidades para la creación de empresas, España no suele despuntar. Es una queja bastante extendida en el mundo económico, sobre todo emprendedor, que sin embargo choca con el enorme potencial y con la realidad con que nos encontramos en nuestro país, de proyectos que han nacido y se han desarrollado con evidente éxito. Sin negar el interés y apoyo de algunas administraciones para facilitar las condiciones y los entornos para el crecimiento empresarial, faltaba un marco fiscal y normativo más favorable a este tipo de empresas de reciente creación, de base tecnológica mayoritariamente, innovadoras y por lo tanto más expuestas al riesgo. Esa falta de un marco favorable es lo que intenta corregir la nueva ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes, la conocida como ley de las start-ups, al equipararse a otros países europeos. Vale la pena detenerse en el concepto ecosistema al que se refiere esta ley auspiciada por la vicepresidenta Nadia Calviño, porque por muchas ganas, ilusión y buenas ideas que le ponga cualquier emprendedor, de forma aislada lo tendrá mucho más difícil para crecer que si tiene un entorno que lo cuide y lo acompañe en sus inicios. Por ejemplo, uno de los puntos destacados de la nueva norma son las mejoras fiscales para los inversores, sin los cuales no habría en la mayoría de casos financiación para llevar a la práctica proyectos prometedores pero de futuro muy incierto. La ley también rebaja la fiscalidad para la captación de talento exterior, muy importante en un ámbito donde los mejores y más buscados perfiles profesionales deciden trabajar en una u otra empresa en función del atractivo de la ciudad donde vivirán. Incluso algo tan sencillo como simplificar trámites, reducir burocracia de visados y permisos de residencia, facilitar la relación con la Administración mediante una ventanilla única, etcétera, puede decantar la balanza entre invertir en un lugar o en otro.

La buena aceptación en general que ha tenido la ley entre los principales interesados sirve para entenderla como un avance incuestionable. Pero también sirve el hecho de que, durante casi toda la negociación y tramitación de la norma, haya dominado el consenso político entre los partidos. Era una anomalía bienvenida, cuando el desacuerdo y el conflicto son el pan de cada día en política. Hace escasas semanas, la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital validó el texto con 32 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones. Sin embargo, el peso de la polarización se dejó notar en el último momento, y la aprobación de la ley el pasado jueves en el Congreso sí contó con votos en contra, 88, la mayoría del Partido Popular, que habría que atribuir más a la necesidad de desmarcarse de los conservadores que a la ley en sí. También hubo 75 abstenciones, de Vox, ERC y Junts, entre otros. Es cierto que la norma tiene carencias, como que cinco años es un periodo demasiado corto para definir una start-up, o que se debería tener más en cuenta la capacidad regulatoria de las comunidades autónomas (como reclamaban los republicanos), pero la comparación con el marco actual convierte esta ley en necesaria y oportuna. Del mismo Gobierno que la ha creado, se echa en falta una sensibilidad similar con otras empresas que no son start-ups, pero que son tanto o más decisivas para el empleo y el crecimiento económico del país.