La DGA evita justificarse y las bombas del Pilar seguirán expuestas
El Ejecutivo insiste en que los obuses no contravienen las leyes memorialistas Es la segunda vez que ha tenido que responder al Senado por esta cuestión
Todo parece indicar que las dos bombas expuestas junto a la Santa Capilla de la Virgen del Pilar dentro del templo mariano seguirán expuestas durante más tiempo. El Gobierno de Aragón ha respondido ya al segundo requerimiento de la Cámara Alta en el que el senador Carles Mulet exigía a la DGA justificar su decisión de no retirar los dos obuses con informes historiográficos. Y la contestación no ha podido ser más escueta.
«El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón –área de la que dependen las políticas de memoria histórica– no dispone de informes historiográficos, tal y como se respondió en la solicitud de información anterior [...], dado que las acciones desarrolladas por la dirección general de Patrimonio Cultural están basadas en la aplicación de la ley 14/2018 de memoria democrática de Aragón y de la ley 20/2022 de Memoria Democrática –esta de rango estatal–», responde el Ejecutivo autonómico en una misiva firmada el 2 de mayo por el consejero Felipe Faci, que ahora ejerce en funciones.
Fue el pasado mes de febrero cuando el senador de Compromís Carles Mulet realizó un primer requerimiento de información al Gobierno
de Aragón sobre los acuerdos adoptados para no retirar las dos bombas del interior de la basílica, que fueron lanzadas por un avión republicano el 3 de agosto de 1936.
La DGA respondió primero obviando las bombas y después contestó no se había iniciado «ningún procedimiento» para retirarlas «al no tratarse de elementos contrarios a la ley de Memoria Democrática [...] porque no se exponen con un fin de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de Estado de 1936 y del franquismo, sino como recuerdo histórico de un hecho ocurrido en un lugar destinado al culto».
Ante esta contestación, Mulet envió un segundo requerimiento solicitando conocer en qué informes historiográficos se había basado la dirección general de Patrimonio para realizar tal afirmación, y es que según expertos consultados por Mulet y por este diario, las bombas «sí sirvieron para legitimar la dictadura y la violencia contra el enemigo».
Una demostración es el trabajo del profesor de la Universidad de
Zaragoza Francisco Javier Ramón Solans y su libro La Virgen del Pilar dice: usos políticos y nacionales de un culto mariano en la España contemporánea. Basándose en esta investigación, Mulet contrargumentó que las bombas contravienen las leyes de Memoria Democrática porque, tras el atentado –cuya autoría se ha puesto en entredicho en varias ocasiones, si bien el consenso apunta a que fue un avión republicano el responsable del bombardeo– el arzobispo Doménech presentó la guerra civil como una cruzada, mientras que los poderes públicos clamaron por la venganza. «Juremos exterminar a todo el que sea enemigo de nuestro Dios, nuestra Virgen, de nuestra España. Juremos una Santa Intransigencia [...]. Juremos guerra [...]. No es hora de contemplaciones», se leía en la prensa de la época, que pedía «cazar» a los culpables «como a fieras».
El ataque, por tanto, sirvió para dar alas a la propaganda del bando sublevado, que consiguió convencer a muchos jóvenes para alistarse en sus filas tras avivar el fuego de la venganza.
Pese a todo esto, el Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón, consideró que no es necesario ningún informe para justificar su decisión de mantener las bombas, si bien quedan todavía dos vías abiertas por un particular que presentó un recurso de alzada contra esta resolución y que todavía no ha sido respondido. También se presentó una queja ante el Justicia que también está a la espera de una contestación. No obstante, con la composición del nuevo Ejecutivo autonómico y la disolución de las Cortes Generales, los procesos se paralizan. Y pese a que pueda suponer un atrevimiento, todo apunta a que una DGA en manos del PP no será proclive a retirar los obuses.
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