Preocupación en la UE por una ley polaca que impediría ser elegido
Polonia vuelve a estar en el punto de mira de la Comisión Europea. Esta vez por una nueva ley promovida por el Gobierno que lidera el partido Ley y Justicia (PIS), que crea un comité especial para investigar la influencia rusa con potestad para prohibir a ciudadanos ocupar cargos públicos durante 10 años. Veinticuatro horas después de que el Gobierno de Joe Biden lanzara la voz de alarma, Bruselas recoge el guante y se suma al mensaje de preocupación de Washington. «Es una cuestión que preocupa» y «la Comisión Europea no dudará en tomar medidas si la ley entra en vigor», avisó ayer el comisario de Justicia, Didier Reynders, a su llegada al consejo de ministros de Asuntos Generales.
Pese a las dudas de los juristas, el presidente Andrzej Duda promulgó el lunes la ley que, aunque ha sido remitida ante el Tribunal Constitucional para su evaluación, entrará en vigor. La norma ha generado mucha controversia y preocupación a ambos lados del Atlántico. Nada más conocerse la nueva propuesta de ley, que crea un comité especial para investigar la influencia rusa en la seguridad interna de Polonia entre 2007 y 2022, el Gobierno de Estados Unidos lanzaba la voz de alarma.
«Nos preocupa la nueva legislación polaca que podría utilizarse indebidamente para interferir en las elecciones de Polonia. Podría usarse para bloquear la candidatura de políticos de la oposición sin el debido proceso», declaró el portavoz del secretario de Estado de EEUU. Los detractores de la ley reprochan que la nueva comisión podrá dictar unilateralmente decisiones de inhabilitación sin intervención de los tribunales lo que convertirá a este órgano en un aparato extrajudicial políticamente controlado que no rendirá cuentas y que podría utilizarse para socavar a la oposición. Se trata de una preocupación que también planea en Bruselas. «Esta nueva ley suscita la preocupación de que pueda utilizarse para afectar a la posibilidad de que las personas se presenten a cargos públicos, sin un juicio justo», manifestó la Comisión Europea en un comunicado.
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