Sánchez se abre a recortar los plazos de la amnistía para atraer a Junts
El presidente plantea una posible reforma de la ley de enjuiciamiento criminal Abre la puerta a acortar los plazos de los procedimientos de instrucción
« Hay margen para mejorar la ley de amnistía», señaló ayer Pedro Sánchez. Convencido como está de que la medida de gracia se acabará aprobando tras el freno que impuso Junts la semana pasada, votando en contra de la norma porque consideraba que dirigentes como Carles Puigdemont no quedan lo suficientemente blindados, el presidente del Gobierno continúa desplegando un discurso conciliador con los posconvergentes. Sánchez no fue muy concreto a la hora de explicar cómo se podría cambiar la norma que dará carpetazo judicial al procés, pero sí ha abierto la puerta a una posible reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los plazos de los procedimientos de instrucción.
«Yo creo que también hay un elemento de instrucciones que se prolongan y que los propios fiscales han puesto en cuestión. Hay elementos que podemos incorporar de mejora y subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas», señaló el jefe del Ejecutivo, durante una entrevista en La Sexta, en referencia a Junts.
El cambio normativo, si llega a materializarse, también implicaría un nuevo viraje en el discurso de Sánchez, que tras las elecciones de julio, al comprobar que necesitaba el apoyo de Junts para la investidura, pasó de asegurar que la amnistía no se podía aprobar en ningún caso por ser inconstitucional a abrazar la iniciativa como vía para alcanzar el «reencuentro total» en Cataluña. Fue el PP, quien ayer ya expresó su oposición a reformar la ley de enjuiciamiento criminal, el que impulsó en 2015 fijar plazos máximos a la instrucción de las causas penales. El PSOE, ya con Sánchez como secretario general, votó en contra. Cinco años más tarde, después del archivo de varios procesos por falta de tiempo, los socialistas apoyaron una iniciativa abanderada por Podemos para acabar con esos límites.
Hay dos instrucciones judiciales que se encuentran en el centro de este debate. Por un lado, la que lleva a cabo en la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien investiga por terrorismo, dentro de la causa del Tsunami Democràtic, a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Por otro, la del juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que investiga las presuntas conexiones del entorno del expresidente de la Generalitat con Rusia, un esfuerzo que podría desembocar en la acusación de alta tradición, delito que, al igual que el de terrorismo, queda en estos momentos fuera de la amnistía, en contra de los deseos de Junts.
A diferencia de lo que hacen en privado dirigentes del PSOE, Sánchez evitó criticar a estos jueces. Pero también fue claro sobre la imposibilidad de incluir el terrorismo dentro de la norma, porque contravendría la Carta Magna y sería anulada por el Tribunal Constitucional.
«TEMPLANZA Y FIRMEZA» «Hemos llegado a una ley valiente, reparadora y constitucional. Estoy convencido de que va a salir adelante y será 100% constitucional. Es un momento de templanza y firmeza. Hay que ser conscientes de que hemos alcanzado un acuerdo plenamente constitucional y alineado con el derecho europeo. Este acuerdo va a cubrir todos los supuestos que incumben al movimiento independentista. El independentismo no es terrorismo», insistió Sánchez, con unas palabras similares a las del jueves pasado, que sentaron muy bien en Junts.