Presión al PP para renovar el pacto contra la violencia de género sin Vox
El Gobierno de Sánchez quiere que los populares se desmarquen de sus socios de gobierno en autonomías y ayuntamientos
La violencia de género es uno de los asuntos favoritos de Vox en su batalla cultural y el Gobierno busca presionar al PP para que se desmarque de sus socios de gobierno a nivel autonómico y municipal. «No se puede soplar y sorber a la vez», retan fuentes del Ministerio de Igualdad para que los populares pongan pie en pared contra lo que denominan el «negacionismo» de los de Santiago Abascal. El marco para ello sería la renovación del pacto de Estado contra la violencia de género sobre el que urgen los socialistas.
El pasado marzo se constituyó en el Congreso la subcomisión para abordar su renovación con una propuesta firmada por todos los grupos parlamentarios menos Vox. Fuentes del Ejecutivo avanzan que se acelerarán
sus trabajos en el Congreso y calculan que las conclusiones podrán estar listas antes de final de año, cuando se cumplan siete años desde su aprobación. Entonces no solo fue avalado por los grupos parlamentarios, sino también por todas las comunidades autónomas. Es en la ratificación de este aval por parte de los gobiernos regionales en lo que pondrá la lupa el Ejecutivo.
Los acuerdos de gobierno entre PP y Vox eluden referirse al concepto de «violencia de género» para diluir esta realidad con otros términos como «violencia intrafamiliar». En lo que va de legislatura en algunas comunidades autónomas ya ha habido choques entre los socios a este respecto. En la Comunidad Valenciana el PP apoyó con el resto de la oposición renovar el pacto contra la violencia de
género y Vox votó en contra. Desde el Ejecutivo ponen el foco en los retrocesos a nivel institucional por los «discursos negacionistas» y subrayan la necesidad de incorporar nuevas medidas en el pacto de Estado de coordinación y colaboración entre Administraciones.
El Gobierno intensifica así su marcaje a los gobiernos de PP y Vox después de poner en su punto de mira otro «negacionismo»: el de la dictadura franquista que, según sostienen desde el Gobierno, blanquearía los planes de concordia de gobiernos autonómicos con la derogación de leyes de memoria democrática. El Ejecutivo ya ha anunciado que recurrirá al Constitucional la norma promovida por el Gobierno de Aragón y hará lo propio con los planes de Comunidad Valenciana y Castilla y León.