Dos de ‘los 6 de Zaragoza’ ingresan en Zuera al denegarles el tercer grado
Imad y Adrián accedieron el martes al CIS Trece Rosas y los profesionales han determinado que ambos deben cumplir el castigo en un centro penitenciario
Un tercer condenado todavía no se ha presentado ni en un CIS ni en la cárcel
Dos de los 6 de Zaragoza, Imad M. B. y Adrián L. R., ingresaron ayer por la mañana en la cárcel de Zuera tras permanecer casi tres días internos en el Centro de Inserción Social (CIS) Trece Rosas, adonde accedieron voluntariamente este martes para comenzar a cumplir la condena –de cuatro años y nueve meses de cárcel– por los disturbios ocasionados en el preludio de un mitin de Vox en enero de 2019. Los dos jóvenes llegaron hasta el centro ubicado en el zaragozano barrio de Torrero con la intención de que la Administración Penitenciaria les concediera el tercer grado, aunque sus pretensiones se han desvanecido por completo para comenzar, a partir de este viernes, la vida entre rejas.
Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la estrategia adoptada por Imad M. B. y Adrián L. R. responde a un encaje legal de acuerdo a la Instrucción 6/2020 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), la cual permite el ingreso momentáneo en un centro de inserción social para aquellas personas, por ejemplo, condenadas a una pena de prisión inferior a los cinco años. El ingreso directo es valorado por el equipo
técnico –juristas, coordinadores y trabajadores sociales, entre ellos– a raíz de varias entrevistas para clasificar al reo en el segundo o en el tercer grado penitenciario. Y, una vez se han llevado a cabo todas estas gestiones, los profesionales han determinado que ambos deben cumplir el castigo en la cárcel.
Su compañero Antonio L. D. se encuentra en paradero desconocido al no presentarse ni en el CIS Trece Rosas ni en el centro penitenciario
de Zuera. El plazo para ponerse a disposición de la autoridad penitenciaria finó este martes 16 de abril, por lo que está incumpliendo el fallo que firmó el máximo órgano jurídico de España, el Tribunal Supremo.
El entorno de Imad M. B., Adrián L. R. y Antonio L. D. y la plataforma Libertad 6 de Zaragoza han guardado silencio a lo largo de estos últimos días, a diferencia de los acontecimientos protagonizados
semanas anteriores con varias acciones reivindicativas como, por ejemplo, la manifestación del pasado sábado en el centro de la capital aragonesa con una participación que rondó el medio millar de personas. También recogieron más de 10.000 firmas para apoyar la petición de indulto formulada ante el Ministerio de Justicia, aunque todavía no existe resolución al respecto.
Los tres jóvenes participaron junto con Javitxu –a la espera de la resolución de un recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional– y dos menores de edad –se incoó un procedimiento paralelo– en los disturbios desencadenados en los momentos previos de un mitin de Vox. Según el tribunal consideró probado con la prueba practicada en el juicio, todos ellos cargaron contra los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que velaban por la salvaguarda del orden público y, tras dirigirse a ellos al grito de «¡perros del Estado!» y «¡asesinos a sueldo!», les lanzaron «indiscriminadamente» piedras y adoquines que arrancaban del suelo.
También arremetieron contra los policías nacionales propinándoles patadas y puñetazos y quemaron varios contenedores hasta el punto de ser necesaria la utilización de material antidisturbios. Como consecuencia de todo ello, siete policías nacionales resultaron heridos y se registraron daños en varios vehículos. De ahí que los 6 de Zaragoza fueran considerados autores de tres delitos: desórdenes públicos, atentado a agente de la autoridad y lesiones.
Por todo ello, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza les impuso una pena de seis años de cárcel y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) elevó la pena privativa de libertad hasta los siete años. En febrero de 2024, el Tribunal Supremo se pronunció en relación al recurso de casación formulado por los representantes procesales de los jóvenes y rebajó el castigo punitivo hasta los cuatro años y nueve meses de cárcel.