Y la concordia cayó en el olvido
Crónica política. El Gobierno de Aragón fue pionero en la derogación de la ley de memoria autonómica y en la presentación de su plan alternativo, del que siete meses después apenas se saben trazos muy generales. El verano es la fecha límite de un modelo q
Entre el 20 y el 30 de noviembre tan solo hay diez días pero pudo caber toda una historia. Porque fue el 20N, el día del aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, cuando PP y Vox anunciaron la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, y fue el 30N cuando la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, anunciaba las líneas maestras del futuro plan de concordia. Diez días para enfilar un conflicto que ya dura casi un siglo y que durará, al menos, unos meses más.
El presidente Jorge Azcón quiso quitarse lo antes posible, con apenas tres meses en el cargo, el mal trago de la memoria. Adiós a la ley y hola a un plan de concordia que hoy sigue sin tener contenido. Aragón fue pionera en esta nueva actitud memorialista adoptada por los Gobiernos de PP y Vox, mucho antes de que el Gobierno central o tres relatores de la ONU rescataran la materia para colocarla en el centro del tablero político y mediático.
No atinó entonces el Ejecutivo autonómico, presentando ante las Cortes una estrategia que siete meses después sigue en el mismo punto. Al menos, desde hace unos días, se le ha puesto fecha de estreno: será antes del verano, a finales de junio. Seguro que tras las elecciones europeas, fecha a la que han postergado sus leyes de concordia la Comunidad Valencia y Castilla y León. En Aragón no se llegará a ese punto normativo y la nueva política memorialista no pasará de plan.
Así, la postura de PP y Vox en la comunidad sobre el asunto es clara, aunque la tardanza en la presentación del plan de concordia ha espoleado a la oposición, crítica desde el anuncio de la derogación, a atacar al Gobierno por este asunto. Una confrontación a la que se sumó Moncloa: el propio Pedro Sánchez visitó Cuelgamuros a inicios de abril, en una suerte de puesta en marcha de la maquinaria
del Ejecutivo central para volver a hablar de memoria democrática. Desde entonces, el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, se ha convertido en uno de los más activos, defendiendo las leyes autonómicas y oponiéndose a los planes de las derechas en las diferentes comunidades.
Esa velocidad de Jorge Azcón y Alejandro Nolasco para marcar la agenda memorialista de todos sus compañeros de partido repartidos por la geografía española ha convertido a Aragón en el campo de pruebas de propios y extraños en la materia. Por ejemplo, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, se reunió con las entidades memorialistas, que en paralelo rechazaban mayoritariamente el ofrecimiento del Gobierno de Aragón para explicarles el plan. En esto de la concordia también hay bandos, que parece que nunca llegarán a encontrarse en un mismo escenario. La bilateral convocada por el ministro Torres ya ha sido rechazada por el Gobierno de Aragón, que dice no querer participar de una maniobra que consideran «electoral», por los comicios catalanes que se celebran hoy.
El último capítulo, que no será el final, lo empezó a escribir el pasado lunes el informe de tres relatores de la ONU, en el que se criticaba duramente la decisión de PP y Vox de derogar las leyes autonómicas y advertían de las dificultades legislativas que iban a enfrentar esas leyes de concordia. De nuevo el primero, el presidente Azcón envió una carta a las Naciones Unidas criticando la falta de comunicación con el Ejecutivo que él lidera, así como acusando al informe de contener «falsedades» y «bulos» y de estar influido por las tesis del Gobierno central. Aseguró que los servicios jurídicos de la DGA harían llegar otro informe hasta la ONU en el que se expusiera su criterio. La concordia en Aragón
Aragón anunció la derogación de la ley de memoria el 20N, una decisión que arrastra polémica hasta ahora
Los memorialistas mantienen conversaciones con el Gobierno central, pero rechazaron hablar con la DGA
y España es ya, por lo tanto, asunto internacional.
Mientras el conflicto escala entre instituciones y llega hasta organismos internacionales, las asociaciones memorialistas esperan para saber qué papel tendrán con esta nueva política. Sí habrá fondos para exhumaciones, pero no contarán con apoyo económico, más allá del que pueda dar la DPZ, para tareas de información y divulgación de la represión franquista. Sus exigencias no van solo hasta el Pignatelli, ya que, por ejemplo, siguen clamando celeridad por la construcción de un banco de datos genéticos nacional promocionado por Moncloa pero que nunca llega a echar andar.
Han pasado siete meses desde que el Gobierno de Aragón comenzase su nuevo parecer sobre la memoria. Hoy ya no hay ley, todavía no hay concordia y sí existe mucho conflicto. A ver hasta cuándo.