Las víctimas del escándalo de la sangre infectada claman justicia

Una comisión determina que las infecciones de VIH y hepatitis C que afectaron a 30.000 personas provocaron 3.000 muertes en los 70 y 80.

Paul Mackey tenía apenas 4 años cuando fue diagnosticado de hemofilia. Poco después inició un tratamiento en el hospital de Southport, en el noroeste de Inglaterra, con un método novedoso: el uso de plasma concentrado de varios donantes para suplir la falta de proteína de coagulación. Lo que Mackey no sabía en ese momento es que ese plasma estaba infectado con VIH y con Hepatitis C, un problema que afectó a más de 30.000 personas en el Reino Unido, especialmente en las décadas de los 70 y los 80, y que ha causado cerca de 3.000 muertes desde entonces.

Mackey perdió la vida en 2020, con 51 años. «Descubrió que tenía el VIH con 24 años tras sufrir un accidente de tráfico leve pero se negó a empezar un tratamiento porque no tenía síntomas y porque no se fiaba del sistema», explica su hermana,

Janet Stuart. No fue hasta tres años después cuando se vio obligado a empezar un tratamiento tras contraer tuberculosis y sufrir una rápida degradación de su salud debido a la vulnerabilidad de su sistema inmunológico. Su estado mejoró a partir de entonces, pero Mackey seguía siendo escéptico con los servicios médicos. «Tenía que vivir con la ironía de que el mismo sistema que le había infectado también le hacía sentirse mejor», añade su hermana.

El caso de Mackey es uno de los muchos que ha estudiado la Investigación de Sangre Infectada, una comisión independiente creada en 2017 para aclarar lo ocurrido. A lo largo de la investigación se ha podido constatar que altos cargos del Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés) eran conscientes de los riesgos que suponía utilizar

un plasma que había sido elaborado a partir de donaciones de decenas de miles de personas. Por aquel entonces, muchas de las donaciones procedían de reclusos y personas con drogadicción en EEUU, donde se ofrecían compensaciones económicas y donde el sistema apenas estaba regulado.

Las organizaciones de víctimas claman justicia y aseguran que las autoridades sanitarias desoyeron las advertencias de los organismos internacionales, incluida la OMS. Jason Evans, director de Factor 8 –la mayor asociación de víctimas de este escándalo en el Reino Unido– apunta: «La respuesta siniestra es que los responsables del servicio de salud, de las compañías farmacéuticas y del propio Estado sabían que eran responsables de la muerte de miles de personas».