La contratación choca contra las normas de extranjería
Los abogados reconocen la «seguridad jurídica» de los procesos de regulación, pero creen necesaria una simplificación de los mismos
La enmarañada legislación en materia de extranjería puede llevar a un limbo burocrático tanto a los solicitantes de papeles y empleo como a los empresarios que quieren regularizar la situación de sus trabajadores. Un ejemplo concreto es el que se ha producido en Fraga en las últimas semanas, donde cuarenta inmigrantes sin regularizar se han visto rechazados en el albergue de la localidad por no tener contrato de trabajo.
El abogado especializado en inmigración y extranjería, Álvaro Villacampa, reconoce que las barreras que colocan las administraciones públicas «son enormes» y que afectan a personas que han salido de países en los que se viven condiciones «muy duras». Pese a las reformas de mejora y los planes que se anuncian, no parece que en breve se logre solucionar este problema. «En el despacho nos encontramos con las consultas de mucha gente que quiere contratar y no puede por las barreras legales», explica.
«Los procedimientos de extranjería son complejos porque las situaciones en las que se encuentran los extranjeros en España son muy variadas», asegura la presidenta de la sección de Derecho de Extranjería del Colegio de Abogados de Zaragoza, Isabel Guillén. Para ella, «todo es susceptible de simplificarse» pero tiene que haber distintas respuestas para todas las situaciones. «La regulación legal detallada permite menos lugar a la interpretación y ofrece más seguridad jurídica, aún así intentar dar una única respuesta a situaciones diversas es a veces muy complejo y puede ser contrario a los derechos y libertades, pues no se puede dejar toda la regulación al desarrollo reglamentario que ofrece menos garantías que la ley», matiza.
En todo caso, sobre la situación legal de los inmigrantes que acuden todos los veranos a la comunidad para participar en las tareas de recogida de la fruta, también considera que se tiene que abordar caso por caso. «Si vienen desde sus países con visado para trabajar y residir con la oferta, sí pueden trabajar, pero habrá muchos que se presenten a trabajar sin tener autorización y entonces es cierto que los agricultores no pueden contratarlo», algo que supone que tengan que pasar varios años en España para poder regularizar su situación.
«Son personas que no están quitando ningún trabajo por el sector al que van dirigidas, sin embargo, la norma tiene un espíritu muy proteccionista», señala Villacampa.
Ante esta situación siempre son bienvenidas las propuestas como la reforma prevista del Reglamento de Extranjería para simplificar las autorizaciones de estancia, de residencia, y de residencia y trabajo, así como los procedimientos administrativos y los requisitos para su tramitación. Pero estos anuncios pueden generar frustración si finalmente no salen adelante. «Provocan muchas consultas en los despachos para conocer si es posible regularizarse o mejorar su situación y tras la aprobación de la ley, si en la norma se prevé una regularización se presentan muchas solicitudes y expedientes nuevos», indica Guillén.
«Siempre hay expectativas y a veces se juega con las ilusiones de la gente porque los clientes están ansiosos», reconoce Villacampa.
«No están quitando ningún trabajo por el sector en el que buscan», asegura un especialista