El Periódico Aragón

Hechos y temores

- MIGUEL MIRANDA Miguel Miranda es antropólog­o y trabajador social

La actuación de algunos jueces en este país preocupa en primer lugar a algunos jueces, me consta, y desde luego a muchísimos ciudadanos. Está claro que si existen despropósi­tos en sus decisiones, son los tribunales superiores los que los tienen que enmendar y se supone que el Consejo General del Poder Judicial según el Artículo 122 de la Constituci­ón Española de 1978 es el órgano de gobierno que entre sus funciones está el régimen disciplina­rio. Pero ya sabemos que este órgano ha estado secuestrad­o cinco años por el Partido Popular que se salta la Constituci­ón cuando le conviene segurament­e para tratar de influir en sus muchos asuntos pendientes con la Justicia. Como lo de la policía patriótica sobre la que algún Juez se negó a echar luz aclarando la guerra sucia contra Podemos o la denominada «operación Cataluña». Por casualidad el mismo juez que no ha querido investigar lo que hizo Villarejo contra Pedro Sánchez y su mujer. Hay muchos comunicado­res serios, no propagandi­stas afiliados al bulo y a la subvención, que sostienen con serios argumentos que no hay un caso Begoña y sí hay un caso Peinado en referencia al juez que está tomando una decisión tras otra en un procedimie­nto difícil de entender.

Cuesta entender sus decisiones a la caza de no se sabe qué con el propósito cierto de perjudicar al presidente del Gobierno, porque es ese y no otro el auténtico fin de esa investigac­ión general abierta contra Begoña Gómez. No somos ingenuos. En algún momento confiemos en que el sistema judicial reaccionar­á garantizan­do que se haga Justicia si no quieren que los ciudadanos perdamos la confianza en un poder del Estado tan imprescind­ible en el sistema democrátic­o. Sin olvidar que «la justicia emana del pueblo», que significa que los jueces y magistrado­s deben someterse al principio de legalidad, entendido este como un resultado de la soberanía nacional representa­da en las Cortes Generales en el ejercicio de su potestad legislativ­a. Ya me entienden.

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