Aragón reclama más recursos en la negociación de la ley de Extranjería
Azcón asegura que el Ejecutivo central «no tiene intención» de abordar los cambios en la norma
La crisis migratoria de Canarias ha provocado un seísmo en la estructura de acogida en toda España. Y en este contexto desde el Ejecutivo central se ha propuesto una modificación de la ley de Extranjería que está siendo rechazada de plano por parte de las comunidades del PP. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, manifestó ayer, pocas horas antes de una conferencia sectorial sobre la materia, que el Gobierno de España «lleva meses buscando el enfrentamiento en algo que debería ser una política de Estado» y que no muestran «intención de negociar» al cargar con nuevas atribuciones a las administraciones autonómicas sin dotarlas de más recursos.
La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, insistió en esta idea tras la reunión celebrada en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la que asistió por videoconferencia. «La crisis migratoria no puede abordarse desde la imposición y sin recursos materiales y económicos suficientes», aseguró acerca de la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería que permitiría el traslado obligatorio de menores migrantes entre comunidades autónomas.
«Se están planteando reformas que afectan a actuaciones que competen a las comunidades autónomas, como los informes de arraigo y esfuerzo, los informes de contratación en origen o los de escolarización, y se ha hecho a espaldas de quienes tenemos esas competencias», replicaron.
Aragón, junto al resto de comunidades que se oponen al planteamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez, volvió a exigir que se convoque la Conferencia de Presidentes con el objetivo de «consensuar una política migratoria de estado» que aborde el control de fronteras y que plantee acciones en los países de origen de las personas migrantes y recordó que es posible reclamar que se activen mecanismos europeos en materia de inmigración.
Susín definió como «nefasta» la gestión migratoria que está llevando a cabo el Gobierno, consecuencia de una «falta de planificación, transparencia y de información» y creen necesario que se declare «el estado de emergencia migratoria» porque se están habilitando recursos de acogida «sin coordinarse con los territorios».
Lamentaron que se está actuando a ciegas. «Hasta el momento son las entidades del tercer sector las que informan de la apertura de nuevos dispositivos en el territorio, pero el Estado no informa ni de los inmuebles que tiene, ni de la llegada de nuevos cupos de personas», explicaron.
Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió la reforma propuesta. «Tengo esperanza y confianza en que esa política de estado dé luz» en la sesión prevista para este martes en el Congreso de los Diputados. «No caben medias tintas: o se es solidario o no se es solidario», argumentó justo antes de la reunión.
Por otro lado, en la sectorial también se presentó el nuevo Reglamento de Extranjería. El texto propuesto ya está en audiencia pública y simplifica el sistema de autorizaciones y los procedimientos, evita duplicidades, elimina burocracia y agiliza trámites. Asimismo, el borrador incluye un apartado específico para visados, que tendrán ahora una vigencia inicial de un año. El objetivo es evitar así circunstancias de irregularidad sobrevenidas que se puedan producir al expirar la vigencia del visado inicial sin haberse completado la tramitación de la Tarjeta de Identificación de Extranjero, obligatoria a los seis meses.
Como novedad, las autorizaciones temporales también tendrán una vigencia inicial de un año y serán renovables por otros cuatro, lo que facilita la reagrupación familiar al año. «Sin diálogo con las comunidades autónomas y sin recursos económicos y materiales no será posible construir una política migratoria sólida», reiteró la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Aragón.
La DGA califica de «nefasta» la política migratoria por la falta de planificación y transparencia