El Periódico - Castellano - Dominical
Compré mi casa creyendo que sería mi felicidad, pero fue mi tumba.
¿Cuándo acabará esta pesadilla?». La respuesta a la pregunta de Marisa, una mujer que pasó a depender de los tranquilizantes, está en manos de la Justicia. En concreto, del Juzgado Bis de Madrid, uno de los 54 juzgados especiales –uno por provincia en la península más cuatro en Baleares y Canarias– creados hace un año para resolver la avalancha de demandas contra la banca por cláusulas abusivas. A saber: cláusulas suelo, gastos de hipoteca, préstamos referenciados al índice IRPH, hipotecas multidivisa... Las estimaciones hablan de más de 11 millones de afectados, cifra que de traducirse en demandas provocaría un colapso de proporciones desconocidas. La situación, desde luego, no invita al optimismo. Con cerca de 225.000 procedimientos registrados, los 105 jueces destinados a estos juzgados, abiertos el 1 de junio de 2017, no dan abasto. «Al Juzgado Bis de Madrid los letrados lo llaman 'El Pozo', ya que todo lo que entra allí queda enterrado», ilustra Marisa, que ha demandado a su banco por una multidivisa, hipotecas comercializadas de 2004 a 2008 y referenciadas a monedas entonces devaluadas como el yen o el franco suizo. El tribunal madrileño, en plena Gran Vía, está entre los 'bis' con peores tasas de resolución de procedimientos. De 19.866 demandas registradas hasta el 31 de marzo, solo 2129 han recibido sentencia. «Recibe el 20 por ciento de las causas de toda España con una dotación insuficiente de 10 jueces y 24 funcionarios. El tapón existe –afirma Juan José Carral, del sindicato de la función pública CSIF–. Y eso sin contar con otras 22.000 demandas que aguardan en la Oficina de Registro y Reparto, también desbordada, paso previo al juzgado». La presión ya afecta a los trabajadores. «Algunos han renunciado. Prefieren irse al paro –subraya Carral–. Sufren un alto grado de estrés por la carga de trabajo y por la presión de sus jefes para que tramiten el mayor número de procedimientos». Y sufren, sobre todo, personas como Marisa, consumida por la ansiedad a la espera de juicio, mientras paga 1500 euros al mes por su multidivisa, casi el doble de los 800 que abonaba tras firmarla en 2006. Otros, como Julián y Mamen, ya han superado esa etapa inicial, aunque
tampoco tiran cohetes. «Nuestra vista ha sido fijada para 2020. ¡Una eternidad! –lamenta la pareja, titulares de una hipoteca referenciada al IRPH, índice por encima del euríbor definido por los propios bancos–. ¿Son conscientes del problema los que tienen que arreglar esto?».
CLÁUSULAS CON SECUELAS.
El problema es que hay miles de personas que ya no pueden pagar sus préstamos o están cerca de no poder hacerlo. Y esto deriva en depresiones, parejas rotas, problemas de salud... «Se ha generado un daño moral importante, pero en este país no se indemniza a nadie por eso», dice Carlos Antón, Al juzgado especial de Madrid los letrados lo llaman 'El Pozo'. Con apenas 10 jueces, recibe el 20 por ciento de las causas de toda España del bufete Nexum Legal, que atiende a numerosos afectados. Para Aitor, por ejemplo, un demandante de 42 años con esclerosis múltiple, el daño ya es irreversible. Su cuota pasó de 1400 a 2600 euros mientras su deuda saltaba de 380.000 a 620.000 euros, sin dejar de pagar un mes. «Se convirtió en mi obsesión –cuenta este padre de una niña de 7 años–. Me levantaba de noche a mirar la cotización del yen y ya no dormía». Hoy necesita muletas, a veces incluso silla de ruedas. «Me diagnosticaron 3 años antes de firmar la hipoteca, pero hacía vida normal –dice–. Empeoré con el estrés y ya no me he recuperado. Un informe de mi neuróloga explica cómo me ha perjudicado esta situación».
Dentro de su desgracia, Aitor –como los otros 70.000 afectados por las multidivisa– ha podido celebrar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a su favor. La Corte de Luxemburgo decretó falta de transparencia bancaria y anuló la cláusula que obliga a reajustar el valor de la hipoteca. Alegría similar a la que sintieron los 3 millones de damnificados por las cláusulas suelo, un interés mínimo aplicado a la cuota al margen de cuánto bajen los tipos. Tanto el TJUE como el Supremo han dejado claro que son nulas y, como tal, los bancos, en teoría, deberían devolver a los clientes, previa reclamación, todo lo que se quedaron desde el momento de la firma. Del mismo modo, unos 7 millones de personas tienen vía libre para reclamar los gastos derivados de la firma de sus préstamos hipotecarios –exceptuando los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y sobre Actos Jurídicos Documentados–, también considerados abusivos por el Supremo. «Esto es lo que más ha atascado los juzgados, porque todas las hipotecas contienen esta cláusula –explica el abogado Carlos Antón–. Y, lo más importante, al ser nula de pleno derecho no prescribe. Es decir, cualquiera que esté pagando o haya pagado su hipoteca hace años puede demandar». FUTURO I N C I E R T O. De entre los afectados por productos bancarios, los de las hipotecas con IRPH, más de un millón, son quienes ven el futuro más incierto. En su caso, el Supremo dictaminó que no hubo falta de transparencia ni abuso. Dos magistrados, sin embargo, votaron en contra, lo que llevó a un juez de Barcelona –Cataluña es, tras Andalucía, la segunda comunidad con más procedimientos– a elevar la cuestión a Luxemburgo, que ya enmendó la plana al Supremo respecto a las cláusulas suelo. Los dictámenes de las altas instancias, sin embargo, no han acelerado los procedimientos. «Mi demanda ni siquiera ha sido admitida a trámite», revela Daniel, de 43 años, que tras estar 11 pagando una multidivisa de 300.000 euros debe 290.000. Desde la firma, su vida se reduce a ir del trabajo a casa de su hermana, donde vive de prestado, además de recibir ayuda de su madre. «Y he alquilado el piso porque si lo vendo mientras prosigue el procedimiento perdería los 143.000 que ya he pagado». Daniel, Marisa, Julián, Mamen y otros 11.000 afectados han tocado la puerta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), cuya web incluye un buscador donde consultar más de 7000 sentencias. Creada por afectados, sus socios comparten esa ansiedad que los desvela y les hace llamar de forma insistente a sus abogados. Son letrados como Carlos Antón, cuyo despacho abrió Derecho a Reclamar, una división de derecho bancario y defensa del consumidor, ante el creciente volumen de demandas contra los bancos. «La idea de crear estos juzgados era acelerar estos procedimientos en primera instancia, pero ese objetivo no se ha alcanzado –asegura–. Al contrario. Si no entraran nuevas demandas, todas las que hay tardarían como mínimo cinco años en resolverse». «Estas instancias especiales nacieron para dar respuesta a ciudadano, pero son un auténtico caos –abunda el sindicalista Francisco Lama–. Hay improvisación y descoordinación entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas. Y falta voluntad». No lo ve así Gerardo Martínez, vocal del CGPJ y coordinador del plan de urgencia. «El balance es positivo –sostiene–. No hay un colapso, sino una concentración de asuntos en 54 órganos, en lugar de dispersión en 1700». Sus cifras revelan, además, que sube el número de casos resueltos y se reduce el de nuevas demandas, tendencia ante la que el portavoz del CGPJ se congratula. Su satisfacción contrasta con la visión de Patricia Suárez, presidenta de Asufin: «El colapso no es casual. Es un modo de parar las demandas. Al ver que los procedimientos se eternizan, muchos aceptan la oferta del banco, aunque cobren la mitad, y renuncian a demandar». Los bancos, de hecho, han recibido más de 1.100.000 solicitudes de devolución por cláusulas suelo, de las cuales más de 460.000 finalizaron «con acuerdo entre las partes», informa José Luis
"El colapso es un modo de parar las demandas. Como las causas se eternizan, muchos aceptan la oferta del banco", explica la presidenta de Asufin
Martínez, portavoz de la Asociación Española de Banca. «De todas las presentadas, apenas el 30 por ciento no fueron admitidas –añade Martínez–. Lo mejor es siempre que el cliente hable con su entidad para hallar la mejor solución». Al fin y al cabo, litigar contra un banco es un tortuoso camino. Aitor, por ejemplo, el afectado con esclerosis múltiple, ya recibió su sentencia, pero su entidad, como hacen todas, ha recurrido. «Si en un año no hay decisión en segunda instancia –explica Aitor–, o si el banco recurre otra vez, podré perder mi casa tras estos años de sufrimiento. Mi baja acaba en breve, tendré que acogerme a la incapacidad permanente, dejaré de cobrar salario y con la pensión no será suficiente para la hipoteca», lamenta. El problema es que, como revela la presidenta de Asufin, «la segunda instancia también está colapsada».