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Son unos pocos momentos a lo largo de la Historia. El mundo se transforma de repente y el sistema económico vive una revolución. Pues bien, este podría ser uno de esos momentos. Sobre todo porque, si no cambiamos, corremos peligro. Lo dicen los científicos: la destrucción de la naturaleza y de la biodiversidad favorece la aparición de zoonosis, enfermedades como la COVID-19 que saltan de animales a humanos. También se ha comprobado que las aglomeraciones urbanas y la contaminación son aliados de patógenos como el que acaba de golpearnos. No es la única consecuencia de la actividad humana que calienta el planeta, pero de pronto hemos visto al enemigo. Y el mundo, por fin, parece reaccionar.

Empresarios, gobiernos, ONG, instituciones multilaterales, bancos centrales, fondos de inversión... los grandes agentes económicos y sociales se alinean como nunca con el mundo científico en un objetivo coincidente: recuperar la economía debe contribuir también a reparar el planeta. Así lo demuestra el nacimiento, en abril, de la Alianza Europea para una Recuperación Verde. Firmada por 180 responsables políticos (incluida la vicepresidenta Teresa Ribera), sindicatos, expertos, ONG como WWF o Birdlife y empresas como Iberdrola, L'Oréal, Volvo o Renault, la alianza solicita a la Comisión que la salida de la crisis pase por la aplicación inmediata del Pacto Verde Europeo, una hoja de ruta presentada el pasado diciembre para convertirnos en el primer continente sin emisiones de carbono en 2050.

«La vulnerabilidad individual y colectiva que sentimos por el coronavirus ha dejado claro que necesitamos darle la vuelta a todo en los próximos años. La mayoría de los políticos, creo, han entendido eso», dice Alexandra Palt, directora mundial de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad de L'Oréal, el gigante de la cosmética

que, en apenas siete años, ha reducido su huella de carbono al 80 por ciento.

Para Carlos Sallé, director de Cambio Climático y Políticas Energéticas de Iberdrola, la pandemia debería ser el punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático.

La crisis está siendo tan brutal que incluso la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se ha sumado al consenso. Este regulador mundial, nacido tras la crisis del petróleo de 1973, lleva décadas bajo sospecha de socavar el desarrollo de las renovables en beneficio de los combustibles fósiles. Fatih Birol, su director, sin embargo, lleva meses esforzándose por dar un vuelco a esa percepción. «Prefiero ser recordado entre los que estaban en el lado bueno del mundo que me tocó vivir», es una de sus últimas declaraciones. Y otra más concreta: «Debemos revisar nuestro enfoque energético para no sacrificar aire limpio a cambio de crecimiento».

Todo ello culminado el 18 de junio con la presentación de un informe –a medias con el FMI, otra entidad con fama de villana– que pide a los gobiernos una estrategia para reducir los contaminantes a la mitad y acelerar la transformación energética. Para ello propone un plan de choque de inversiones verdes de un billón anual en los próximos tres años, con 30 medidas hacia una recuperación económica sostenible y global. «Las políticas energéticas correctas pueden crear empleos, hacer crecer la economía y luchar contra el cambio climático», sostiene Birol.

La AIE se suma a quienes dan por superado el argumentario contra la economía verde de que la descarbonización es cara y destruye empleo. Una

idea desmentida por la recuperación de Estados Unidos tras la crisis de 2008, cuando se priorizó la financiación de energía limpia, creando 900.000 empleos en cinco años.

La tendencia, en todo caso, es global, con los grandes fondos de inversión a la cabeza. Black Rock (el mayor del mundo), el de Catar o el de Noruega ya colocan la sostenibilidad como nuevo pilar central de su gestión de activos, mientras empresas como Iberdrola o L'Oréal reducen de forma acelerada sus emisiones, además de crear programas en favor de la mujer o la electrificación de comunidades vulnerables. Una apuesta que, además, impulsa sus respectivos negocios. «En Iberdrola hemos reducido costes de capital, ya que, además de los bonos verdes, cada vez hay más inversores y fondos que quieren poner su dinero en una empresa como la nuestra –explica Carlos Sallé–. Y lo mismo con los costes de personal; retenemos y captamos talento a menor precio que nuestros competidores. La gente quiere venir, les atrae nuestra visión empresarial y nuestros planes de negocio».

AYUDAS CON CONDICIONES

En este escenario proliferan las coaliciones, alianzas y think tanks con la economía verde como objetivo y, para alcanzarlo, las soluciones que se manejan incluyen un concepto clave: condicionalidad en las ayudas. La Comisión de Transiciones Energéticas propone, por ejemplo, que el apoyo a la industria automotriz se condicione a un compromiso para acabar con la producción de vehículos de combustión interna en una fecha determinada. En Alemania y Francia no han llegado tan lejos, pero sus estímulos post-COVID se han condicionado al impulso del vehículo eléctrico.

La condicionalidad en las ayudas afectará a todos los sectores. A la construcción, aplicando parámetros de eficiencia energética como el uso de bombas de calor en vez de gas o fueloil, la instalación de placas solares o la construcción con cementos y materiales 'verdes'. O a la aviación, condicionando las ayudas a la elaboración de planes de descarbonización... El reto puede sonar mayúsculo, pero la industria ya está preparada para ello. «La disrupción tecnológica ha bajado los costes de las energías limpias de una manera brutal –asegura Sallé–. Solo falta esa voluntad política que acelere en la regulación y dé el último impulso».

Es a lo que aspira el Pacto Verde Europeo (PVE), que se extiende por todos los sectores de la economía e incluye el compromiso de desplegar un millón de puntos de carga para vehículos, apoyar a la industria europea de baterías y favorecer el empleo de alternativas como el hidrógeno.

Sallé subraya otra de las anomalías que debe corregirse. «Los coches, las fábricas o las centrales contaminantes ensucian el aire, pero, cuando llega un desastre natural, el presupuesto de la reconstrucción lo asume el Ministerio de Fomento –reclama–. Cuando viene una sequía, los subsidios salen de Agricultura. Habría que gravar más a los responsables de esos problemas. Los fabricantes repercutirían en sus costes la contaminación que producen y el ciudadano buscaría entonces tecnologías más baratas y limpias».

En esta línea, el secretario general de la ONU, António Guterres, aboga por una gran reforma fiscal que ponga precio al carbono y que repercuta en quienes lo producen, no en los bolsillos de los ciudadanos. «Debemos eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Como contribuyente, no puedo aceptar que mis impuestos se usen para blanquear los arrecifes de coral o derretir los glaciares», reclama Guterres. A lo que Sallé añade: «La COVID debe ser la gran oportunidad, porque si no salimos más sabios de toda esta tragedia es como para matarnos».