Tregua en Nueva York
El fiscal general y Airbnb se dan un respiro en la intensa guerra abierta entre reguladores y tecnológicas de economía colaborativa en EEUU Silicon Valley expande su vena libertaria
Cuando en el 2010 Nueva York aprobó una ley que prohíbe alquilar un apartamento completo por menos de 30 días, en la diana de los reguladores estaban los hoteles ilegales. Al lanzar esa red, no obstante, las autoridades no solo atraparon a su presa buscada, sino también a miles de neoyorquinos que, alquilando sus apartamentos por periodos cortos a través de Airbnb, han hecho mella en la industria tradicional en una urbe donde el precio medio de una habitación de hotel –con impuestos incluidos– es de 350 dólares (cerca de 260 euros).
Mirando a la ley, el fiscal general, Eric Scheiderman, calculó que el 60% de quienes ofertan sus casas a través del servicio de internet estaban haciendo algo ilegal. Scheiderman también calculó que cerca del 30% de las 20.000 ofertas en Airbnb en Nueva York las hacían personas o negocios que ofrecían más de una habitación o apartamento, sugiriendo que más que un individuo buscando algo de dinero extra había gestores inmobiliarios y propietarios operando el equivalente a hoteles ilegales. Y el pasado otoño lanzó una ofensiva para intentar hacerse con los nombres de 15.000 de esos usuarios de Airbnb.
La empresa logró el mes pasado una victoria cuando un juez dictaminó que el fiscal estaba yendo demasiado lejos. Pero Airbnb demostró también ser consciente de que ganar una batalla no significa ganar la guerra. No solo depuró su comunidad, sacando más de 2.000 de las ofertas conflictivas, sino que buscó una tregua. Y poco después pudo anunciarla: dará datos de sus usuarios, pero anónimos, al fiscal, que tendrá un año para analizarlos, y seguirá facilitando también información sobre usuarios susceptibles de ser investigados.
«Queda mucho por hacer –reconoció la empresa en un comunicado–. Necesitamos mostrar al mundo lo verdaderamente maravillosa que nuestra comunidad es para Nueva York y otras ciudades» . Esa necesidad la comparten todas las tecnológicas que, en solo unos años, han ayudado a provocar el boom de la economía colaborativa, una eclosión que tiene a industrias tradicionales, reguladores y políticos en pie de guerra, especialmente en sectores con impacto en la vida cívica como vivienda y transporte.
BATALLAS LOCALES En EEUU las batallas se libran a nivel local. Al menos 14 estados, por ejemplo, han emitido advertencias sobre los riesgos en tema de seguros para conductores y pasajeros de sistemas compartidos como Lyft y Uber (que tuvo que cambiar su política de seguros después de la polémica por la falta de cobertura para una niña de seis años que murió atropellada por un conductor que llevaba la aplicación abierta pero no tenía pasajeros). En Nuevo México un organismo oficial votó unánimemente el mes pasado ordenar a Lyft el cese de operaciones en el estado. Y en Buffalo (Nueva York) el director de permisos e inspecciones recomendó a la policía que ponga multas a los conductores de la empresa.
Mientras, en Grand Rapids (Michigan), se han propuesto estrictas regulaciones a quienes quieran alquilar en Airbnb (pago de licencias –de las que solo se darán 200– y limitado a solo una habitación y con el dueño en la casa) y en Malibu (California) órdenes judiciales buscan información de más de 60 sitios de alquileres de corto plazo.
Los argumentos enfrentados están claros. Uno de los directivos de Airbnb, Brian Chesky, aseguraba a sus usuarios en una conferencia en otoño: «Hay leyes para personas y leyes para negocios pero hay una nueva categoría: personas como negocios. Sois microemprendendores y no hay leyes escritas para microemprendedores» . La respuesta oficial suele ir en la línea de lo que dijo el jefe de gabinete del fiscal neoyorquino: «Ser innovador no es defensa para violar la ley» .
Desde Silicon Valley empresas que apuestan por el «mejor pedir perdón que permiso» extienden su vena libertaria y utópica y usan su creciente popularidad para hacer que sean sus usuarios quienes den batalla y protesten contra las limitaciones.
Pero, como ha pasado con otros gigantes tecnológicos, empiezan a mostrarse dispuestas a adaptarse a las reglas. En abril, por ejemplo, Airbnb decidió empezar a recaudar impuestos como los de los hoteles en San Francisco y Portland. Y Uber ha fichado al antiguo regulador del taxi en Nueva York.