Rigau duda de que el decreto del castellano afecte al próximo curso
La matrícula escolar ha acabado antes de que el Gobierno haya aprobado el decreto
El decreto del Ministerio de Educación por el que se desarrolla el artículo 38 de la LOMCE –un punto controvertido, que fija la presencia del castellano en las aulas «en una proporción razonable» y que prevé que las autonomías paguen con fondos públicos a colegios privados si no hay oferta pública en esta lengua– tiene muy difícil encaje en Catalunya, entre otras razones, porque el viernes se cerró el plazo de matrícula para los estudiantes de educación primaria sin que este decreto haya sido aprobado aún por el Consejo de Ministros.
«Todo el mundo está ya matriculado y con el mismo modelo lingüístico del año pasado», constató ayer la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, unas horas antes de participar en la manifestación de Barcelona. Los cursos que todavía no han formalizado la inscripción –segundo, tercero y cuarto de ESO, que han de hacerlo entre el 23 y el 27 de junio, y bachillerato y FP, entre el 1 y el 9 de julio– no están afectados por el despliegue de la LOMCE el próximo curso.
Así las cosas, los alumnos catalanes de primaria con plaza asignada para el curso 2014-2015 se han matriculado según los mismos criterios del curso pasado, con lo que a las familias que hayan solicitado la escolarización en castellano se les ha ofrecido el sistema de atención individualizada, el que presta la Generalitat para estos menores. Expertos conocedores de estos mecanismos administrativos consideran que el decreto sobre el castellano de Wert ha llegado tarde, «porque su implantación obligaría a reabrir todo el proceso de matriculación en Catalunya», indican. OFERTA INSUFICIENTE Pero además del escollo administrativo (que quizás se podría solucionar abriendo un plazo excepcional para quienes hayan solicitado ya la escolarización en castellano), la consellera lleva tiempo avisando de otra traba de más difícil solución: ahora mismo, hay comarcas enteras en Catalunya que no tienen ningún colegio (ni público, ni privado) con oferta de clases de materias no lingüísticas solo en castellano. Eso significa, observa Rigau, que no se puede garantizar, como dice el decreto del ministerio, que un estudiante que solicite ser escolarizado en castellano tenga un centro privado que le acoja en su mismo municipio.
«Es inviable porque por suerte el país es firme, nadie ha hecho ninguna oferta del 100% en castellano y el mecanismo legal previsto por el ministerio es inaplicable, como ha dicho el Consejo de Estado», reiteró ayer Rigau, que considera que las correcciones presentadas el viernes por la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, no son suficientes. Según Rigau, el Consejo de Estado informó de «cinco vicios de anticonstitucionalidad en el decreto sobre el artículo 38 y, que sepamos, el ministerio solo ha modificado dos cuestiones.», objetó.