Demanda colectiva contra el sistema de protección de menores
«La Generalitat me separó de mi hijo el día después de cumplir 3 años. Lleva 5 fuera de casa, de acogida con una señora» Aprodeme, que representa a 800 afectados, presenta tres denuncias contra la Administración «Mis hijos tan solo desean regresar a casa,
Antoni Civis
Piden juzgados
especializados y rápidos, como los de violencia machista, e «imparciales» Beatriz Ortigosa
L a Asociación para la Defensa del Menor (Aprodeme), que representa a más de 800 familias a las que la Administración ha retirado a sus hijos, presentará mañana en Barcelona una denuncia colectiva para exigir la reforma total del sistema de protección de menores en España. La iniciativa se tramitará simultáneamente en tres instituciones y organismos: la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Síndic de Greuges y la sede del Parlamento Europeo en Barcelona.
La denuncia, que también se presentará en Madrid, documenta casos de cientos de niños «separados de sus familias de forma abusiva y brutal, una decisión que toman funcionarios sin que en ella intervenga ningún juez», señala Francisco Cárdenas, presidente de Aprodeme y padre afectado por la decisión de la dirección general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Cárdenas vio por última vez, físicamente, a su hija el 12 de marzo del 2009 porque, mentalmente, su recuerdo lo tiene presente cada día.
REIVINDICACIONES La demanda reclama que se cumplan cuatro puntos esenciales. El primero, definir claramente las causas de desamparo (los motivos por los que la Administración quita los niños a las familias) para evitar que haya «retiradas arbitrarias También, que sea un juez «especialista, imparcial y experto» el que decida el desamparo del niño y no funcionarios de Bienestar Social (de Afers Socials, en Catalunya) como sucede actualmente. En Francia, Italia y Canadá da luz verde un magistrado.
Los denunciantes también proponen reclaman la creación de juzgados especializados, similares a los de violencia machista, para que las vistas orales sean rápidas y, por último, piden a la Fiscalía que inste a la Administración «a cumplir las leyes que protegen al menor».
Enrique Vila, abogado que presenta la denuncia en nombre de Aprodeme y también uno de los letrados encargados del caso de los niños robados en el franquismo, cuestiona el actual sistema de protección que se ha convertido «en un monstruo que se retroalimenta a sí mismo, con cientos de funcionarios, cuya cifra no se corresponde con el número de menores desamparados». Vila tiene claro que las retiradas de los niños de su hogar «deben ser la última opción y solo en casos extremos de peligro físico o psíquico».
Esta macrodenuncia se ha realizado paralelamente a una campaña en Change.org que han firmado 1.363 personas. Sus testimonios, muchos de los cuales se incluyen en la demanda, muestran «sufrimiento, dolorosos desgarros familiares y con frecuencia la ruptura de los lazos paternofiliales de forma irreversible señala Andreu Cruz, un padre al que la DGAIA intentó retirarle a sus hijos y solo cejó cuando el afectó denunció en las redes sociales la situación y «un alto cargo de la Gene-
Padres y madres
se enfrentan a un calvario burocrático cuando intentan recuperar la custodia Nadie tiene en cuenta la opinión de los niños ni les pregunta por sus sentimientos y deseos
ralitat» le llamó para que frenara la campaña, afirma.
Lluís P., otro padre afectado, reivindica que «el opaco sistema de protección con fundaciones y redes clientelares se sustituya por otro transparente y protector de familias La solución no pasa por sacar al niño de su hogar, sino por ayudarla a mejorar la situación.
La retirada del menor se produce cuando la Administración dictamina que el niño está en situación de desamparo por diversas causas, como divorcios complejos o alertas de escuelas y hospitales. Las retiradas de los menores suceden en la calle, ya que en los hogares necesitan orden judicial, y mayoritariamente en los colegios, como a la hija de Manuela G. F., que con 10 años la sacaron de clase ante sus compañeros, mientras gritaba y lloraba que quería ver a sus padres. A la nieta de Josep Maria Puigdengoles se la llevaron cuando estaba de colonias con otros niños.
Tras este trámite, los pequeños ingresan generalmente en centros de menores, pasan a vivir con algún familiar o con padres de acogida. Y comienza el calvario familiar para recuperar a los niños. El proceso se alarga tanto que «los menores pierden los vínculos con los familiares biológicos y el equipo psicosocial acaba diciendo que será negativo para el menor regresar a su antiguo hogar apunta Vila. Cárdenas añade: «Hay un riesgo grave de que el niño nunca vuelva con sus padres».
PROTAGONISTAS MUDOS Sara G. M., fue una de estas niñas. Con 13 años estuvo tutelada un año por la DGAIA y recuerda que después de esa experiencia su vida «cambió para siempre»: «Vi cosas que no me tocaban», asegura. La hija de Rocío R. no tuvo mejor suerte «y sigue arrastrando problemas psicológicos por aquellos años». En este proceso, los niños son protagonistas mudos: «Nadie habla con ellos, nadie les pregunta qué sienten o qué prefieren», señala una madre.
Mientras dura la separación son los técnicos los que deciden cuándo, dónde y cómo se ven niños y adultos. Las visitas se dan con cuentagotas. Yolanda C. ve a su hijo «una hora cada 15 días, y con vigilancia. Y nadie se imagina cómo llora porque quiere volver a casa», dice. A Toni Civis, padre de Toni, de casi 8 años, los separó la DGAIA, «al día siguiente de cumplir 3 años y ya lleva 5 fuera de casa. Ahora vive en acogida con una señora», dice Civis. La familia pidió en marzo a la Generalitat un aumento de encuentros. Les han respondido en noviembre negándoselos «porque cuando acaba la visita el niño se queda agobiado», critica Civis.