Los gastos del 1-O abren brecha entre Cs y el PP
Rivera pedirá el cese de Montoro si mintió al negar pagos del Govern para el referéndum El PNV allana la vía a los Presupuestos de Rajoy al no presentar enmienda a la totalidad
El Gobierno considera que «técnicamente» el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, puede tener razón en defender que no se gastó dinero público en el 1-O y sus preparativos, pero admite que la complejidad de su planteamiento; la coincidencia de su tesis aunque sea por motivos obviamente distintos con la que usan los independentistas para defenderse y la coyuntura en la que llega (la justicia alemana espera argumentos sobre la supuesta malversación de Carles Puigdemont y otros cargos de la Generalitat) les complica las cosas. De hecho su socio Albert Rivera ya amaga con pedir dimisiones formalmente por este asunto.
Tampoco se alegran en demasía en el Ejecutivo ni el PP de la tensión que, con el propio Tribunal Supremo, han provocado las palabras del ministro, a quien el juez Pablo Llarena requerió el miércoles el «soporte documental» que pruebe lo que dice. Lo que sí se respalda sin ningún matiz es la estupefacción que produce que no haya sido hasta ahora cuando el instructor de una causa tal relevante haya demandado a Hacienda datos sobre las cuentas del Govern, pese a que está intervenido desde hace seis meses con el 155 y, en el caso de las arcas catalanas, aún desde antes.
El propio Montoro, a través de un comunicado, evidenció que se alegraba de tener por fin la oportunidad de hacer llegar al alto tribunal cuanta documentación poseía en torno a los gastos públicos de la Administración catalana y las inyecciones de liquidez desde el Fondo de Liquidez Autonómica, entre otras cosas. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, aprovechando un acto público, apuntó que el requerimiento de Llarena a Montoro supone una oportunidad para aportar la información de la que disponga sobre el procés. «Lo bueno» es que el ministerio podrá poner a disposición de la justicia toda la documentación que tenga «como consecuencia del trabajo de estos años», afirmó.
También el secretario de Estado responsable del despliegue del 155, Roberto Bermúdez de Castro, comentó el asunto dejando ver por dónde pueden ir las explicaciones que Montoro dé a la justicia: según dijo en el 1-O pudo haber «otro tipo de malversación» que no fuera un gasto directo, sugiriendo que se puede haber dado algún tipo de manipulación o falsificación de facturas. Puso como ejemplo que se puede haber entregado una factura bajo el concepto de «servicios postales», por ejemplo, y luego «derivarla y manipularla» para dedicar el dinero a otro tipo de servicios.
RIVERA AL ATAQUE / Mientras el Gobierno se pronunciaba de este modo, la acusación popular que ejerce Vox en la causa por rebelión y malversación avisó que podría llamar como testigo al ministro de Hacienda. Y se hacía público un informe de la Guardia Civil en el que se señala que pudieron utilizarse fondos del grupo parlamentario Junts pel Sí (JxSí) para financiar algunos gastos y Ciudadanos, en el plano político, afilaba la lanza para, como ya hizo hace meses, exigir a Montoro que aclare lo ocurrido.
Para Albert Rivera cabe la posibilidad que tanto el presidente Mariano Rajoy como su ministro Montoro mintieran en el Congreso, cuando subrayaron ya hace tiempo que no hubo dinero estatal que sufragara los gastos del 1-O. En su opinión, es «muy preocupante» que Llarena solicite explicaciones a Montoro. Así que él ha decidido hacer lo mismo, pero en la Cámara Baja. «En este momento, lo que nos preguntamos muchos españoles es quién tiene razón, la Guardia Civil o Montoro», determinó. Pero los socialistas no ven con buenos ojos esta estrategia y piden a los naranjas calma y no politizar una cuestión tan delicada que, a criterio de Margarita Robles, portavoz parlamentaria del PSOE, debe resolver en sede judicial.
Como era de esperar el PDECat ha aprovechado la situación y reclama al juez Llarena que envíe a Alemania la información que le haga llegar Montoro, dado que dan por hecho que si el ministro se molesta en probar que no hubo dinero público en el 1-O quedará sin sentido una petición de extradición por tal delito.