El juez ve indicios de delito en el espionaje de los Mossos
Pide información a la Policía tras admitir la denuncia del periodista Castillón Los documentos incriminatorios fueron interceptados cuando iban a ser destruidos
E l juzgado de instrucción numero 20 de Barcelona ha abierto una investigación por el presunto espionaje de los Mossos d’Esquadra a personalidades contrarias al proceso independentista, tras admitir la denuncia presentada por el periodista Albert Castillón. El magistrado considera que existen indicios de la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos, prevaricación, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos y malversación de caudales públicos, por lo que ha solicitado documentación a la Policía Nacional y a los Mossos.
En total hay una quincena de denuncias presentadas por personas que supuestamente fueron controladas por los Mossos, entre los que se encuentran abogados, sindicalistas de la policía autonómica y representantes de entidades constitucionalista. Fue la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, quien ordenó interceptar el 26 de octubre del año pasado la documentación que iba a ser destruida por agentes de la policía autonómica en la incineradora de Sant Adrià del Besòs. La magistrada, sin embargo, ha rechazado investigar este asunto. La fiscalía de Barcelona, que también tiene en su poder el atestado sobre la intervención de los papeles, está estudiando si procede unificar todas las demandas en un solo proceso judicial.
El periodista Albert Castillón denunció su presunto espionaje tras la publicación en EL PERIÓDICO del atestado de la Policía Nacional en el que se recoge la documentación que los Mossos querían destruir. Por ello, el juez de Barcelona ha solicitado información a este diario.
El atestado de la Policía Nacional destaca que la Generalitat mantuvo «un servicio ilegal de espionaje» a través de los Mossos. El objetivo eran «partidos políticos, activistas, personajes públicos o privados, entidades, plataformas, todos ellos de marcado pefil unionista o constitucionalista», según este informe.
La primera querella por el presunto espionaje la presentó el 15 de diciembre del 2017 el abogado José María Fuster Fabra que, asimismo, ha interpuesto otras en nombre de otros afectados. Entre los perjudicados se encuentran dirigentes de sindicatos de la policía autonómica y sus familiares; el expresidente de Societat Civil Catalana Josep Ramon Bosch y la Asociación Barcelona con la Selección. En marzo presentaron también querellas Javier Barraycoa, vicerrector de la Universidad CEU Abat Oliba, la Asociación Españoles de a pie y la Asociación Somatemps. La dispersión en varios juzgados de las demandas están retrasando la investigación.