Investigación a CaixaBank por presunto blanqueo en Madrid
El juez destaca operaciones de 10 de sus sucursales en la capital
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a CaixaBank, como persona jurídica, por presunto blanqueo de capitales por la actuación de 10 de sus sucursales en Madrid, para presuntamente favorecer y ocultar fondos de clientes de nacionalidad china investigados en causas judiciales contra la mafia china, como Emperador o Snake.
El juez sostiene que los directivos y empleados de esas sucursales, entre el 2011 y el 2015, en la etapa en la que Juan María Nin era consejero delegado de la entidad, actuaron «como canales de blanqueo», aun cuando podían sospechar que sus clientes hacían actividades ilícitas por «las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban». Además hicieron «caso omiso» de los requerimientos judiciales. La investigación al ICBC por blanqueo al servicio de organizaciones criminales chinas destapó cómo funcionaban estas sucursales. El SEPBLAC destaca que entre 2013 y 2015 fueron 193 (76 personas y 117 sociedades) los clientes de CaixaBank imputados por blanqueo que transfirieron 99,1 millones a China y Hong Kong. De 165 de ellos no se hicieron exámenes especiales ni comuniaciones al SEPBLAC, lo que les permitió enviar 31,7 millones.
Fuentes de CaixaBank negaron ayer cualquier colaboración en el blanqueo presuntamente cometido por clientes chinos. La entidad reitera que tiene «una fuerte y comprometida cultura de cumplimiento normativo» y de las normas de prevención del blanqueo de capitales.
El juez cree que las organizaciones que eran sus clientes generaban masivas remesas de dinero en efectivo sobretodo por delitos contra la Hacienda Pública. Tanto en Caixabank como en ICBC lo ingresaban y transferían a China y Hong Kong «sin riesgo de ser descubiertos». Las sucursales les «auxiliaron» al admitir su dinero «sin indagar su origen, aceptando cualquier papel o justificación que se les presentaba y facilitando su transferencia en importes pequeños que no debían ser comunicados al Banco de España», afirma el juez. El auto detalla que los directores investigados permitieron usar testaferros o actividades económicas no justificadas y repetían un patrón para evitar a Hacienda. Según el juez, desde el 2013 existen fallos del sistema de control para prevenir el blanqueo de capitales, conocidos por todo el personal directivo de la entidad «y en especial por el que fue su responsable de cumplimiento normativo» entonces. Y ello determina la imputación de la entidad.